La convocatoria se da tras la liberación de los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lusipar, quienes fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, por lo que actualmente ninguno permanece recluido en la penitenciaría regional de San Pedro.
El dirigente campesino Elvio Benítez, quien cuenta con orden de captura, adelantó que en la asamblea se debatirá un plan de acción y se analizará la unidad con otros sectores sociales. Según expresó, la organización volverá “con más fuerza” para reclamar las tierras en disputa.
Los campesinos procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso. Inicialmente, 27 de los 29 imputados fueron enviados a la sobrepoblada cárcel regional, mientras que un adulto mayor accedió a arresto domiciliario y otro permaneció con prisión preventiva hospitalaria debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.
Con el paso de los días, los imputados fueron obteniendo medidas alternativas como arresto domiciliario, hasta quedar finalmente todos en libertad bajo medidas sustitutivas.
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El conflicto se originó el 5 de diciembre, cuando una caravana de aproximadamente 50 vehículos irrumpió en la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales. El enfrentamiento dejó dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a vehículos policiales y la incautación de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
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Posteriormente, los campesinos realizaron movilizaciones frente a la Fiscalía y al Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, exigiendo la libertad de los detenidos y la devolución de vehículos y herramientas incautadas.
En las asambleas realizadas en la comunidad de Tava Guaraní, los dirigentes resolvieron aglutinar fuerzas y preparar un nuevo intento de ocupación de las tierras, advirtiendo sobre posibles acciones de resistencia hasta lograr que la propiedad sea destinada a campesinos sin tierra.
La estancia Lusipar, con una extensión aproximada de 11.000 hectáreas, fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y se encuentra bajo administración de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). El arrendamiento de las tierras a privados es el principal punto de conflicto, ya que los campesinos reclaman que sean destinadas a la reforma agraria.