Durante el encuentro, en el distrito de Santa Ros del Aguaray, los dirigentes confirmaron que volverán a intentar ocupar las tierras administradas por la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), aunque no se fijó una fecha concreta para la acción. “Se decide volver a otro intento”, afirmó Elvio Benítez, dirigente campesino con orden de captura, quien señaló que cada líder trabajará en la organización de sus bases antes de definir el momento de la movilización.
Asimismo, los campesinos anunciaron que avanzarán en la articulación con otros sectores populares, con el objetivo de ampliar el reclamo social, y emitieron un comunicado crítico contra el actual ministro del Interior.
Por su parte, Rodolfo Zalazar, también referente del sector y actualmente con restricciones judiciales que le impiden participar de reuniones públicas, desde su domicilio instó al Gobierno a retomar el diálogo. “Es triste la situación, pedimos abrir una mesa de diálogo y buscar soluciones”, expresó, advirtiendo que la represión, la cárcel y los procesos judiciales no acabarán con la lucha campesina.
La nueva postura del sector se produce tras la liberación de los 29 campesinos imputados por el intento de invasión del pasado 5 de diciembre, quienes fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Los procesados enfrentan cargos por invasión de inmueble ajeno, perturbación de la paz pública, resistencia, incitación a cometer hechos punibles, daños y tentativa de homicidio doloso.
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El conflicto se originó cuando una caravana de unos 50 vehículos irrumpió camino a la estancia Lusipar (lote Toro Vevé), pese a la presencia de más de 800 efectivos policiales. El enfrentamiento dejó como saldo dos policías heridos por arma de fuego, varios campesinos lesionados, daños a patrulleras y la incautación de 32 vehículos de los manifestantes.
Posteriormente, los campesinos realizaron movilizaciones frente a la Fiscalía y el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray, exigiendo la libertad de los detenidos y la devolución de vehículos y herramientas incautadas durante el operativo.
La estancia Lusipar, con una extensión aproximada de 11.000 hectáreas, fue incautada al narcotraficante brasileño Luis Carlos da Rocha, alias “Cabeça Branca”, y se encuentra bajo administración de Senabico. El arrendamiento de las tierras a privados es el principal detonante del conflicto, ya que las organizaciones campesinas reclaman que sean destinadas a la reforma agraria.