Pobladores de la compañía Zanja Jhu —que desde hace un año y medio realizan una vigilia permanente en las inmediaciones del predio donde se realizaron las excavaciones de pozos profundos para el proyecto Highlands Lagoon Lifestyle— constataron la llegada de vehículos y personal operativo al lugar. Ante esta situación, se organizaron rápidamente y establecieron un bloqueo humano para impedir el acceso y proteger el área.
Según manifestó Víctor Samaniego, abogado y vocero de la comunidad, el intento de ingreso se produjo sin autorización social ni diálogo previo, en medio de un conflicto que permanece sin solución. “La defensa es por el agua, un recurso vital para toda la comunidad”, expresó.
Indicó que desde hace meses los vecinos están alertando que la captación de agua podría representar un serio riesgo para el Acuífero Caacupé, principal fuente de abastecimiento para Atyrá y otras localidades de Cordillera y parte de Paraguarí.
Samaniego advirtió que la sobreexplotación del vital líquido podría derivar en escasez durante los meses de mayor demanda. Ante esto, anticipó que los afectados no descartan realizar nuevas manifestaciones para defender sus derechos.
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No solo es el resguardo del agua
La protesta social no se limita al resguardo del pozo. En las últimas semanas, pobladores de Atyrá, Caacupé y Altos llevaron adelante cortes de ruta y manifestaciones en el desvío de San Bernardino, en defensa del recurso hídrico, reclamando mayores controles ambientales, claridad en los permisos y respeto al acceso al agua como derecho fundamental.
Este nuevo choque entre ciudadanos y la empresa se inscribe en una movilización sostenida desde finales de 2024, cuando habitantes de la zona denunciaron la perforación de un pozo que, según señalaron, será utilizado de forma exclusiva para un emprendimiento inmobiliario de alto nivel con laguna artificial, proyectado entre San Bernardino e Ypacaraí, y no para atender la demanda de la población local.
La empresa involucrada figura oficialmente como Petrohue Real Estate SA, integrante de la sociedad desarrolladora Highlands Park & Lagoon SA, cuyo representante legal es el empresario de origen chileno Martín Tempe.
El conflicto se ve agravado por criterios opuestos adoptados por diversas instituciones del Estado, lo que ha generado confusión e indignación entre los pobladores. Por un lado, el Poder Judicial otorgó medidas cautelares favorables a la empresa, habilitando incluso la reinstalación de cañerías para continuar con los trabajos, pese a la resistencia vecinal.
En contrapartida, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), entidad encargada de la fiscalización ambiental, emitió dictámenes técnicos y resoluciones administrativas que señalan irregularidades en la perforación, advirtiendo que las obras carecen de un estudio de impacto ambiental debidamente aprobado y disponiendo la suspensión de actividades.
Asimismo, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan) autorizó en noviembre de 2024 la operación de una aguatera privada vinculada al proyecto, decisión que fue ampliamente cuestionada por la comunidad, que denuncia una priorización del interés privado por encima del derecho colectivo al agua.
Este medio intentó comunicarse con Martín Tempe, representante legal de Petrohue Real Estate SA y de la sociedad Highlands Park & Lagoon, para conocer su versión sobre las denuncias, pero no obtuvo respuesta. El espacio queda abierto para que la empresa pueda brindar aclaraciones.
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