Empresarios del rubro eléctrico denunciaron supuestas irregularidades en una subasta de transformadores “inservibles” de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), realizada días atrás en Asunción y en el departamento de Itapúa.
Según los denunciantes, 11 de 14 empresas que se presentaron al proceso de precalificación fueron descalificadas y notificadas con apenas 20 horas de antelación al acto, lo que según afirman, les impidió ejercer defensa y participar en igualdad de condiciones.
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Juan Carlos Guanes, directivo de la empresa Trafosur, sostuvo que su firma presentó la documentación en octubre, cumplió los requisitos y luego no recibió “ningún tipo de intercambio” con la institución, algo que según dijo, suele ocurrir en procesos de precalificación para ampliar la competencia y asegurar mejores resultados para el Estado.
Notificación se realizó en víspera de Navidad
Guanes relató que el 23 de diciembre recibió un llamado de un funcionario que buscaba entregar una nota “en forma personal”. Afirmó que recién por la tarde se enteró de que varias firmas habían sido descalificadas y que la subasta se realizaría al día siguiente, a las 08:00.
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Entre los principales cuestionamientos, los empresarios señalan que no se informó de manera suficiente, o con la antelación necesaria, aspectos de una subasta pública como lugar, fecha, hora, rematador, condiciones de participación y forma de pago. “Una subasta no puede hacerse entre cuatro paredes y menos de bienes públicos”, advirtió.
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También mencionaron sospechas de direccionamiento. Apuntan a presuntas vinculaciones entre empresas que resultaron adjudicadas.
Subasta de “dos minutos”
Otro punto que los denunciantes consideran llamativo es el tiempo y el resultado del remate. Guanes afirmó que la puja habría durado apenas unos minutos y que el monto final superó el precio de referencia en alrededor de 0,45%, muy por debajo de remates anteriores.
Además, expresó preocupación por el destino final de los equipos. Advirtió que los transformadores catalogados como inservibles podrían ser reparados o “remanufacturados” y eventualmente reingresar al sistema eléctrico.
Esto es lo que respondió la ANDE
El encargado de Servicios Administrativos de la ANDE, César Zena, rechazó que se haya actuado fuera de la ley y sostuvo que la institución viene realizando subastas de distintos bienes en desuso.
Afirmó que en este caso se hizo una publicación por tres días para la recepción de carpetas y que el proceso se ajustó a exigencias de trazabilidad señaladas por la Contraloría.
Zena explicó que la ANDE enfrenta una acumulación masiva de transformadores fuera de servicio en depósitos regionales y en San Lorenzo, lo que generó urgencia para proceder a la baja y venta como chatarra. Indicó que el lote subastado incluyó 1.585 transformadores dentro de un universo mucho mayor en patios de la institución.
Según su versión, varias empresas fueron excluidas por no cumplir requisitos ambientales y de control, particularmente relacionados al aceite y a la certificación de estar libres de PCB, además de criterios para evitar que los equipos vuelvan a ingresar como transformadores al sistema eléctrico. “Apuntamos al desguace”, insistió.
Sobre el formato del remate, Zena sostuvo que se trató de dos lotes: uno en San Lorenzo y otro en Cambyretá, Encarnación. También afirmó que se notificó a las 14 empresas sobre su calificación o no calificación y los motivos correspondientes.
Consultado por el cuestionamiento de supuestas vinculaciones entre empresas que participaron, Zena evitó hablar de favoritismo y dijo que la subasta fue por una “cantidad mínima” de transformadores retirados de la línea por averías o accidentes.
En paralelo, reveló que la ANDE detectó “situaciones bastante irregulares” en torno a transformadores como activos del Estado y que prepara el envío de antecedentes a la Fiscalía. Señaló además que al menos una empresa fue descalificada por incumplimientos vinculados a contratos vigentes.
Los empresarios sostienen que corresponde anular el procedimiento y convocar a una nueva subasta con reglas claras, publicaciones completas y plazos que permitan participación real. Desde la ANDE, en tanto, afirman contar con documentación para sustentar el proceso y anticipan que responderán a eventuales pedidos de verificación de organismos de control.