A menos de dos semanas de la puesta en marcha del Registro Unificado Nacional (RUN), prevista para el 15 de enero de 2026, el Colegio de Escribanos del Paraguay manifestó su preocupación por las limitaciones que, según advierte, traerá el nuevo esquema registral.
La vicepresidenta del gremio, Kattia Ayala Ratti, explicó que si bien acompañan la modernización del sistema, existen artículos de la ley que generan “serias dificultades” tanto para la función notarial como para los ciudadanos que dependen de los registros públicos para formalizar sus derechos.
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El RUN unifica en una sola estructura a Registros Públicos, la Dirección Nacional de Catastro y el Departamento de Geodesia y Agrimensura, con el objetivo oficial de simplificar trámites y reducir tiempos. Sin embargo, desde el Colegio de Escribanos sostienen que la implementación, tal como está prevista, podría provocar el efecto contrario.
Fiscalización previa, el principal punto de conflicto
Ayala Ratti señaló que uno de los aspectos más cuestionados es la fiscalización previa obligatoria de las tasas antes de permitir el ingreso de las escrituras al sistema registral.
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“Esto no solo afecta a los escribanos, sino también a los terceros: compradores, vendedores, acreedores y ciudadanos en general. Estamos hablando de derechos reales que pueden quedar en suspenso”, advirtió.
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Según explicó, hoy las escrituras deben presentarse en un plazo de 30 días para mantener la reserva de prioridad registral. Con el nuevo esquema, la intervención previa de los órganos de fiscalización podría consumir buena parte de ese tiempo. Esta situación pone en riesgo la validez de los actos y deja a las partes en una situación de indefensión.
Demoras que pueden paralizar el sistema
Desde el gremio alertan que la plataforma de fiscalización electrónica de tasas judiciales, lejos de agilizar los trámites, ya está generando retrasos y vencimiento de plazos, especialmente en el interior del país.
“Lo que se presenta como modernización termina trasladando el riesgo institucional al profesional. Somos los escribanos quienes pagamos con nuestro trabajo y prestigio las fallas de un sistema que no controlamos”, sostuvo la vicepresidenta del Colegio.
Demuestran inquietud por una inversión millonaria
Ayala Ratti también expresó preocupación por la anunciada inversión de USD 34 millones en la nueva plataforma tecnológica, recordando experiencias fallidas anteriores.
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“Ya tuvimos un sistema que colapsó en 2021, que fue descartado sin auditorías públicas ni rendición de cuentas. Hoy se nos pide confiar en otro proyecto millonario bajo los mismos criterios que ya demostraron su ineficacia”, cuestionó.
Para el gremio, la modernización no puede convertirse en una excusa para la improvisación. “Cada retraso afecta derechos reales, cada falla técnica compromete la seguridad jurídica del país”, afirmó.
No rechazan la tecnología, pero piden cambios
La dirigente aclaró que los escribanos no están en contra de la innovación, sino de una implementación que consideran apresurada y sin suficiente consenso con los usuarios del sistema.
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“Queremos tecnología que funcione, transparencia y procesos claros. Pero hoy sentimos que no se nos escuchó y que ahora estamos pagando los platos rotos”, señaló.
En ese sentido, pidió que las autoridades revisen los artículos más cuestionados y establezcan plazos breves y razonables para las fiscalizaciones, que no superen las 24 horas.
El Colegio de Escribanos evalúa impulsar una modificación legislativa o incluso recurrir a la acción de inconstitucionalidad si no se introducen cambios en la normativa.