La fiscala de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, presentó su réplica en el marco del juicio oral y público a tres comisarios de la Policía, Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Crescencio Alcaráz, acusados por torturas supuestamente cometidas entre los años 1976 y 1979, en plena dictadura de Alfredo Stroessner.
El debate público se lleva a cabo ante el Tribunal de Sentencia, presidido por Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosill y Juan Pablo Mendoza. El mismo fijó para las 9:00 del próximo jueves 22 de enero la continuidad del juicio, con la presentación de la dúplica de una de las tres defensas.
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El 11 de diciembre de 2025, la representante del Ministerio Público presentó su alegato final y solicitó una pena de 30 años de privación de libertad para los comisarios Fortunato Laspina y Eusebio Torres. Es preciso recordar que el último ya tiene una condena firme de 30 años por tortura, pero contra otro grupo de víctimas de la dictadura stronista (1954-1989).
Así también, la fiscala Sanguinés solicitó al Colegiado que aplique sobre el comisario Manuel Crescencio Alcaraz, una pena de 25 años de prisión.
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Falta de resolución de excepciones pone en riesgo el juicio
El referido juicio finalmente inició en el mes de octubre de 2025, luego de estar estancado por 8 años. Sin embargo, en febrero de ese año, los acusados Eusebio Torres y Manuel Crescencio Alcaráz plantearon, por medio de sus defensas, excepciones de inconstitucionalidad, las cuales hasta el día de hoy no se resolvieron.
Es preciso subrayar que a pocos días de que se cumpla un año de sus presentaciones, recién el 5 de enero pasado se integró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Si bien la misma está conformada por los ministro César Diesel (presidente de la Corte), Víctor Ríos y Gustavo Santander, el último se inhibió.
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Ante la inhibición del ministro Santander fue designado para integrar la sala el ministro César Garay, pero el mismo se negó a hacerlo. Por esa razó el camarista Carlos Escobar Martínez, miembro del Tribunal de Apelación Civil y Comercial, formará parte de la Sala Constitucional para el estudio de las excepciones.
Esta situación pone en riesgo el cierre del juicio, pues hasta que no se resuelvan dichas excepciones el Tribunal de Sentencia no podrá dar a conocer su veredicto. Pues al juicio solo le quedan sesiones en las que las defensas, que son tres, presentarán sus respectivas dúplicas y, que la suspensión entre sesiones no debe superar los 10 días corridos, de superar este último plazo, el debate debe reiniciarse.
Desde el Ministerio Público expresaron su preocupación por esta situación que ahora se presenta en el escenario.
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Proceso se dilató por más de 8 años
La representante del Ministerio Público, Sonia Sanguinés, había señalado que el caso lleva dilatado poco más de 8 años y 4 meses, debido a diversos incidentes planteados a lo largo de los años. Recordó que incluso aún están pendientes de resolución dos excepciones de inconstitucionalidad, que si bien no afectan el curso del juicio, solo permiten llegar hasta la etapa de sentencia.
La causa inicialmente tuvo 10 personas imputadas, pero con el transcurso de los años, cinco de ellas fallecieron: Camilo Almada Morel, Juan Aniceto Martínez, Agustín Belotto Vouga, Obdulio Argüello Brítez y Felipe Nery Saldívar.
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En tanto que otras dos personas están declaradas en rebeldía y se trata de Nicolás Lucilo Benítez y Mario Flores Cáceres. Ambos, indicó la fiscala Sonia Sanguinés, cuentan con órdenes de captura pendientes.
De esta forma, el Tribunal de Sentencias, presidido por el juez Fabián Escobar e integrado por Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, está a cargo del juicio contra los policías Eusebio Torres Romero, Manuel Crescencio Alcaraz y Fortunato Lorenzo Laspina.
Policías stronistas afrontan juicio por torturas
Los antecedentes que obran en los escritos de la Fiscalía refieren que los acusados habrían torturado a Domingo Guzmán Rolón y otros presos políticos que eran detenidos por la Policía del dictador Alfredo Stroessner entre los años 1976 y 1978.
La imputación relata que Domingo Guzmán Rolón fue detenido el 17 de octubre de 1976, en Puerto Pilcomayo (Argentina), cuando intentó ingresar al país con un certificado falso a nombre de Jorge Antonio Zapattini Samaniego.
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Tras su detención en territorio argentino fue llevado primeramente hasta un Destacamento de la Armada, luego a un Centro de Detención situado en Resistencia, para luego ser trasladado hasta un lugar denominado Monte 29 de Formosa.
El 2 de diciembre de 1976 fue llevado en la valijera de un vehículo hasta el Departamento de Investigaciones de la Capital, lugar donde sufrió apremios físicos y permaneció detenido hasta el 1 de diciembre de 1977 cuando fue trasladado al Penal de Emboscada, siempre de acuerdo a la acusación.
Los acusados habrían tenido participación en calidad de autores de torturas, en concordancia con el artículo 309 (tortura) incisos 1 y 3, en concordancia con el artículo 29º del Código Penal.