Lo que debería ser la solución definitiva para pacientes con enfermedades catastróficas en Paraguay se ha convertido en un nuevo eslabón de una cadena de frustraciones. Pese a contar con sentencias judiciales a su favor, al menos 25 pacientes denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que siguen sin recibir sus medicamentos.
La situación no es nueva, pero el inicio de 2026 ha marcado una aceleración alarmante en la precariedad del sistema. La falta de fármacos, especialmente oncológicos, es una herida abierta que se arrastra desde hace años y que hoy se agudiza ante la burocracia estatal y la falta de respuesta del sector privado.
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Cifras que alarman: el “boom” de los amparos en 2026
La desesperación de las familias paraguayas se refleja en las estadísticas de la Defensoría del Pueblo. En apenas las primeras dos semanas del año, el sistema judicial se ha visto desbordado por pedidos de auxilio con un total de 120 solicitudes de amparo tramitadas solo en lo que va de enero.
El Defensor del Pueblo, Rafael Ávila, detalló que 80 sentencias definitivas fueron dictadas entre el 1 y el 15 de enero y que 40 nuevos casos fueron presentados ante el Poder Judicial.
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“Nos llama mucho la atención la cantidad de casos; prácticamente el 100% son por medicamentos oncológicos”, señaló Ávila.
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El funcionario enfatizó que este disparo en las cifras es un síntoma claro de un sistema de salud que no está logrando cubrir las necesidades básicas de su población más vulnerable. Según Ávila, serían los laboratorios farmacéuticos los que están incumpliendo con la entrega.
Para un paciente con cáncer, por ejemplo, cada día de retraso en el tratamiento reduce drásticamente las probabilidades de supervivencia. “No podemos permitir tanta demora; el cáncer es una enfermedad que no te perdona días ni segundos, avanza muy rápido”, advirtió Ávila.
El Estado contra las cuerdas
Históricamente, el acceso a medicamentos de alta complejidad en Paraguay ha dependido de la “suerte” presupuestaria o de la capacidad de las familias para movilizar influencias o recursos judiciales. Sin embargo, el hecho de que incluso con una orden judicial los medicamentos no lleguen, plantea una crisis sin precedentes.
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Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre junio a diciembre del 2025, se presentaron 1.380 amparos.