El sistema de salud pública en Paraguay enfrenta un escenario de vulnerabilidad extrema. Mientras el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) intenta gestionar la creciente demanda de amparos judiciales, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (CRIPFA) reporta que la deuda estatal con los proveedores ha escalado hasta los US$ 814 millones, una cifra sin precedentes para el sector.
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Rocío Figueroa, representante del gremio, explicó a ABC que existe una brecha crítica entre la demanda real de los pacientes y la planificación financiera del Estado.
“La deuda está en US$ 814 millones y el presupuesto anual que por ley se estableció para este año, es de US$ 450 millones. Vemos que hay un problema también de armar un plan, un plan de caja para salud de acuerdo a lo que realmente gasta y lo que necesita comprar anualmente”, expresó.
Figueroa indicó que esta brecha financiera también se refleja en el rubro de los amparos judiciales. Mientras el Ministerio de Salud cuenta con un presupuesto asignado de apenas US$ 3 millones para cumplir órdenes judiciales, la deuda real acumulada por este concepto ya asciende a US$ 130 millones.
Consecuencias directas: pacientes sin tratamiento
La falta de pagos no es solo un problema contable; ya se traduce en una emergencia médica en los pasillos de los hospitales. Según Figueroa, el desabastecimiento es una realidad que está obligando a la suspensión de terapias críticas.
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“Las empresas proveedoras ya no se presentan a las licitaciones y se está generando un problema de logística médica. El paciente es el afectado directo de esta falta de gestión”, afirmó Figueroa.
A pesar de la gravedad de la situación, el sector privado denuncia una falta de respuesta por parte del Gobierno. “Hasta el momento no pudimos hablar con el presidente (Santiago Peña) pese a que pedimos varias reuniones, también con la gente del Ministerio de Salud, con la gente de Economía, pero sin una solución hasta el momento”, expresó.
Sin plan de pagos
La representante del gremio farmacéutico afirmó que pese a la insistencia, el Gobierno no brinda una propuesta o plan de pago para tranquilidad de los proveedores. “No nos están dando una propuesta, un plan de pago, un calendario. No tenemos novedades”, lamentó Figueroa.
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Ante este escenario, las cámaras de proveedores analizan una medida extrema: dejar de presentarse a los llamados licitatorios y suspender la entrega de medicamentos de forma definitiva si no se garantiza el cobro de lo adeudado.
“No nos pudieron decir cómo van a pagar y en qué momento. Las cámaras (de proveedores) se están empezando a reunir y la decisión va a tener que tomarse: si siguen o no presentándose en los llamados y si se siguen entregando los medicamentos”, puntualizó.