La combinación de avances médicos acelerados y la vía judicial como método de acceso a tratamientos de alto costo ha generado una deuda acumulada de US$ 130 millones para el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) con las empresas farmacéuticas, se indicó desde la Dirección de Asesoría Jurídica.
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En apenas las primeras semanas de 2026, la cartera sanitaria ya ha recepcionado aproximadamente 80 amparos judiciales. Esta cifra sigue la tendencia del 2025, periodo en el cual se registraron más de 1.000 órdenes judiciales.
El abogado Gustavo Irala, director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud, explicó que la mayoría de estos recursos corresponden a medicamentos que no forman parte del Listado Básico de Medicamentos Esenciales de Salud Pública. Se trata, principalmente, de fármacos oncológicos y neurológicos que, en muchos casos, ni siquiera cuentan con registro sanitario en Paraguay, aseguró.
El desafío de la “medicina de vanguardia”
Irala indicó a ABC que uno de los puntos más complejos es la velocidad con la que las nuevas drogas llegan a los recetarios locales. “Hay medicamentos que obtienen aprobación acelerada por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) en Estados Unidos y, apenas dos meses después, ya están siendo recetados por médicos en Paraguay”, afirmó el asesor jurídico.
Esta rapidez genera problemas fundamentales para el Estado, explicó el abogado. Indicó, por ejemplo, que muchos fármacos requieren autorizaciones especiales de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) por no estar comercializados localmente y, que algunos productos solo tienen autorización de venta en su país de origen, lo que dificulta enormemente su importación.
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Irala habló sobre un caso especifico actual indicando que para dar cumplimiento a la provisión de fármacos cardiológicos para tres niños, se requerirá de US$ 7 millones. “Ese monto es, en muchos casos, el doble de lo que se gasta en el funcionamiento de un hospital entero en un año, y estamos hablando de solo tres pacientes”, enfatizó.
Impacto en la planificación
La imprevisibilidad de estos fallos judiciales impide una gestión eficiente de los recursos públicos, aseguró Irala. Resaltó que al ser medicamentos nuevos y de alto costo que no están en el radar de compras programadas, el Ministerio de Salud se ve obligado a ejecutar gastos que sobrepasan cualquier capacidad de planificación presupuestaria.
Pese a las dificultades administrativas y a la falta de ofertas en algunas licitaciones, el asesor jurídico de Salud Pública aseguró que la prioridad es dar cumplimiento a las sentencias definitivas para no desatender al paciente.