La audiencia de imposición de medidas al Abg. Óscar Tuma, otrora defensor del acusado en la causa Pavo Real Py, Alexandre Rodrigues Gomes; se realizó ante el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia, interino del juzgado de Garantías Especializado en Crimen Organizado del Tercer Turno que está a cargo de Rosarito Montanía.
El magistrado atendió el pedido del Ministerio Público e impuso medidas alternativas a la prisión para Tuma, procesado por presunto lavado de dinero, entre ellas una fianza real por G. 400.000.000, correspondiente a un inmueble ubicado en el Distrito de San Roque (Asunción), bajo apercibimiento de que en caso de fuga, la caución será ejecutada.
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Además el letrado tiene prohibición de salir del país, prohibición de cambiar de domicilio sin autorización expresa del juzgado, prohibición de ponerse en contacto con los demás co-imputados bajo ningún medio de comunicación y la obligación de comparecer ante el juzgado de forma trimestral, entre el 1 al 5 de cada mes, a fin de firmar el libro de actas judiciales.
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Las medidas alternativas impuestas al Abg. Óscar Tuma son bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento de las medidas impuestas, serán revocadas y se ordenará su prisión preventiva.

Alteración en caso Alexandre salpica a Tuma
Alexandre Rodrigues Gomes fue detenido en su casa de Pedro Juan Caballero el 19 de agosto de 2024. Ese día, el juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, a través del A.I N° 331, decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes contra el citado procesado, lo que lo inhabilitaba para disponer libremente de sus bienes.
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Tuma asumió como defensor el 20 de agosto de 2024. En esa fecha el juzgado ordenó a la Dirección General de los Registros Públicos, vía oficio, que se registre la medida cautelar a los imputados. A las 8:22 se informó al juzgado que a las 7:44 se procedió a lo solicitado. Las anotaciones estuvieron a cargo de la funcionaria Graciela Rodríguez, con código de usuario 101.
Sin embargo, el abogado Óscar Tuma apeló el AI N° 331 señalando que la medida cautelar era nula, pues la admisión de la imputación aún no había quedado firme. Tuma presentó su escrito en forma electrónica a las 0:56 del 21 de agosto, según consta en el registro.
Ese mismo día, pero a las 12:22, la funcionaria ahora imputada Alcira Rodríguez había ingresado al sistema con su código de usuario 107. La mujer realizó una actualización en la anotación de Alexandre Rodrigues Gomes, reemplazando su nombre y apellido por el de Alexandra Rodríguez Giménez; y también los números de cédulas, de 6.518.333 por 5.183.336.
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Esa acción abrió la posibilidad de que la transferencia de los cuatro inmuebles de parte de Alexandre Rodrigues a Óscar Tuma pueda realizarse, pues la notaria, en el marco de sus actuaciones, solicitó un informe a Registros Públicos a modo de conocer si había impedimento legal, pero la respuesta fue negativa.
Supuesto lavado atribuido a Óscar Tuma
Para el Ministerio Público, Tuma no podía desconocer el estado procesal de Rodrigues, pues tuvo intervención y acceso desde un inicio a las actuaciones judiciales. Es más, Tuma apeló el AI N° 331 y un Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado en Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó la medida cautelar.

El Tribunal de Apelación señaló en su Auto Interlocutorio N° 92 “el principio que rige respecto a las medidas cautelares es que las mismas deben ser cumplidas y cualquier recurso interpuesto no puede tener efecto suspensivo, vale decir, las medidas cautelares se cumplen hasta tanto sean revocadas y no a la inversa”.
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Es ante este contexto que la Fiscalía formuló imputación por presunto lavado de activos porque entiende que Tuma tuvo conocimiento de la situación procesal de su cliente, de que no podía disponer de sus bienes y, por ende, no podía transferir sus inmuebles como dación en pago por los servicios profesionales.
Esto hizo sospechar al Ministerio Público de una conducta de intento de ocultamiento de los bienes a fin de evitar su eventual comiso.
