El Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción Primera Sala de la Capital, con el voto en mayoría de las camaristas Claudia Criscioni y Silvana Luraghi; y el voto en disidencia de Gustavo Amarilla, resolvió revocar la resolución que desestimó la denuncia por el presunto desvío de más de G. 1,6 billones en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre los años 2022 y 2023.
El tribunal de alzada hizo lugar a la apelación general interpuesta por el Abg. José González, director jurídico y apoderado del IPS, contra el Auto Interlocutorio N° 212 de fecha 18 de agosto de 2025, dictado por el Juzgado Penal del Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto Otazú.
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A través de dicha resolución el magistrado había resuelto hacer lugar a la desestimación de la presente denuncia, a pedido de la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción Soledad Machuca y ratificada ante el juzgado por los agentes Luis Arce, Néstor Coronel y Luis Piñánez.
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El caso inició en septiembre de 2023, cuando la Contraloría General de la República (CGR) presentó una denuncia contra Vicente Bataglia y otras cinco personas, por un supuesto desfalco de un billón de guaraníes a la previsional en el ejercicio fiscal de 2022 y el primer cuatrimestre de 2023.
Voto de la camarista Claudia Criscioni
La camarista Claudia Criscioni (preopinante) resalta que en el análisis de subsunción el Ministerio Público describe los elementos del tipo objetivo de lesión de confianza y luego los hechos comunicados por el reporte de la Contraloría General de la República.
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Sin embargo, puntualiza la magistrada, con respecto al perjuicio patrimonial denunciado por la victima, que sería de G. 1.630.414.082.023 (un billón seiscientos treinta mil cuatrocientos catorce millones ochenta y dos mil veintitrés), lo que la Fiscalía sostiene es que según el criterio del perito no existiría perjuicio. Sobre el punto cuestiona que el perito no decide si los presupuestos del tipo legal se dan o no.
“Estos son elementos normativos que deben ser establecidos por el aplicador del derecho en consideración a las teorías del patrimonio. Sin embargo, la Fiscalía no hace referencia a ellas, a ninguna de ellas, pero justamente tratándose del patrimonio del IPS, debería ser tenida en cuenta la teoría personal económica del patrimonio que jamás fue considerada, ni mucho menos explicada”, remarca Criscioni.
Con estos argumentos la magistrada votó por revocar la resolución del juzgado de Garantías, que hizo lugar a la desestimación de la denuncia a pedido de la Fiscalía Adjunta; y remitir el expediente al Ministerio Publico, a fin de que agote la investigación de la presente denuncia.
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Asegurados “merecen respuesta contundente”
La camarista Silvana Luraghi se adhirió al voto de la preopinante y agregó que en el presente caso no solamente se observa una violación de deber de investigación eficiente, sino una transgresión al respeto y derecho de participación de la víctima en el proceso, en virtud a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Procesal Penal, independientemente a que asuma como querellante adhesivo.
Al respecto añade que con respecto a la víctima, que es el Instituto de Previsión Social, el Ministerio Público ha desconocido los medios de pruebas señalados por el IPS, descartando su incorporación a la causa, sin un fundamento con sustento técnico jurídico, del por qué descarta los pedidos de la víctima en relación a elementos probatorios, con lo cual la magistrada sostiene que la investigación no se ha agotado.
Para Luraghi resulta inaceptable que el órgano de investigación fiscal sustente su posición de fundamentar la existencia o no de un hecho punible, dejando a criterio de un perito dicha función.
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“Los asegurados del IPS y la sociedad se merecen una respuesta legítima y razonable que expliquen de manera contundente la existencia o no de los hechos denunciados, sin que esto signifique una renuncia al sistema acusatorio, ni mucho menos un desconocimiento del principio de presunción de inocencia, sino una posición de respeto al deber de investigación correcta y eficiente por parte del Ministerio Público, en garantía de todos los principios que respeten tanto a las víctimas como a los imputados”, enfatizó la camarista en su voto.
Presunto perjuicio de G. 1.6 billones, según CGR
La denuncia había sido presentada por la entonces senadora Kattya González, el diputado Rubén Benítez y el Dr. Jorge Brítez, actual presidente del Consejo del IPS, en base a los reportes remitidos por el contralor general, Camilo Benítez.
Además de Bataglia, fueron denunciados por las supuestas irregularidades el consejero Roberto Brítez Ferreira, el consejero y representante de los trabajadores asegurados Gustavo Ramón Arias, la consejera representante del Ministerio de Trabajo Ludia Claudina Silvera López, el representante de la patronal en el IPS Miguel Ángel Doldán Martínez y el consejero Dr. Ricardo Vicente Oviedo Medina.
En ese contexto se inició una causa en consecuencia, específicamente, al Reporte CGR N° 53/2023 del 5 de setiembre de 2023, en el que se menciona el supuesto perjuicio patrimonial de G. 1.630.414.082.023, y que por tanto las autoridades intervinientes del IPS, durante el ejercicio fiscal 2022 y primer cuatrimestre del 2023, lo habrían provocado.
El dictamen fiscal que solicitó la desestimación de la denuncia y su correspondiente archivamiento argumentó que “si bien en un primer momento el Presidente del Instituto de Previsión Social, Dr. Vicente Mario Bataglia firmó un pagaré por una suma superior a la aprobada por resolución C.A. N° 078/001/22, esta situación fue subsanada en fecha 10 de agosto de 2023, luego de que se firmara un nuevo documento de crédito por el monto de G. 50.000.000.000, quedando así anulado el pagaré por valor de G. 65.379.679.514 anulado".