El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas, condenó a la Dra. Ana Stael Alfonso Vera, a 3 años de pena privativa de libertad. Su proceso, desprendido del caso Mercat, fue por la expedición de certificado de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado (coima). La médica cuenta con libertad ambulatoria, que se mantiene hasta que la sentencia quede firme.
El Ministerio Público estuvo representado por la agente fiscal María Irene Álvarez, quien había solicitado con sus alegatos finales, una pena de 4 años de privación de libertad.
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Según la premisa de la Fiscalía, el narcotraficante condenado Walter José Galindo Domínguez tuvo la colaboración de la Dra. Ana Stael Alfonso, médica forense del Poder Judicial, y de Sixto Ramón Cabrera, enfermero del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, para obtener y presentar documentos apócrifos sobre su estado de salud ante el Juzgado Penal de Lambaré, para obtener medidas menos gravosas a la prisión preventiva, en 2021.
De hecho, en su indagatoria la médica Alfonso Vera había declarado que los informes de salud sobre Walter José Galindo, que la evaluación y la inspección las hizo en forma telemática y que redactó su informe según como Galindo le dijo que se sentía ese día.
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Todo esto fue a cambio del pago de las sumas de dinero de G. 32.000.000 y G. 11.000.000, expuso la fiscala María Irene Álvarez, tras finalizar el juicio. La plata fue entregada por los abogados de Walter Galindo, en el marco de su proceso de 2021, por narcotráfico y reducción, del cual fue sobreseído.
Falsedad de certificados y cobro de dinero quedaron probados,
Al momento de dar a conocer la sentencia, la presidenta del tribunal, María Luz Martínez, refirió que “el documento firmado por la Dra. Ana Stael Alfonso Vera tiene cuatro páginas, sin membrete, con fecha del 27 de noviembre de 2021, donde constan nueve enfermedades que supuestamente padecía Walter José Galindo Domínguez, entre ellas bronquitis aguda y síndrome hipertensivo”.
El informe médico indicaba que el paciente no podía valerse por sí mismo dentro de su lugar de reclusión, por lo que necesitaba de la asistencia de otra persona para su tratamiento y atención, dentro de un entorno domiciliario. Además, según relató Martínez, la profesional también indicó que Galindo corría riesgo de muerte si no tenía tratamiento adecuado.
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La magistrada acreditó como probado en juicio que Alfonso Vera no compareció al Departamento Judiciales de la Policía, donde entonces estaba recluido Walter Galindo. Sumado a ello, la médica afirmó en su indagatoria que se valió del auxilio de un policía que tiene la profesión de enfermero -Sixto Ramón Cabrera- para tener los diagnósticos de Galindo.
Sobre que Walter Galindo fue atendido en el Hospital de Barrio Obrero, según el informe remitido por el enfermero policial Sixto Cabrera, por medio del libro de novedades del Departamento Judicial, “en el juicio quedó probado que el entonces procesado por narcotráfico no fue atendido en el nosocomio”.
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Tampoco consta “que Galindo haya salido al Hospital de Barrio Obrero, tal como consta en el informe del licenciado Sixto Cabrera, tampoco que la Dra. Ana Stael haya asistido al Departamento Judicial de la Policía para inspeccionar al procesado.
A pesar de que “la defensa de la acusada argumentó que la atención médica de Ana Stael a Galindo se dio por medios telemáticos, tampoco hay pruebas de dicha comunicación”. Al respecto, la jueza subrayó que “hay ribetes de falsedad en los argumentos de la defensa respecto a la supuesta atención brindado por la Dra. Ana Stael a Walter Galindo”.
Con todo lo relatado, para el Tribunal de Sentencia quedaron probados los hechos de expedición de certificado de salud de contenido falso y cohecho pasivo agravado, pues se pudo probar también que por la expedición de los documentos de salud, Alfonso Vera recibió pagos de G. 32.000.000 y G. 11.000.000.
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Galindo nunca fue al Hospital Barrio Obrero
Los abogados Rosana María de Luján Palazuelos Oscáriz y Crispín Gilberto Rojas García, detenidos el 22 de enero de 2024 y 16 de marzo de 2025, respectivamente, presentaron en el proceso de 2021 contra Walter Galindo un informe firmado por el enfermero del Departamento Judicial de la Policía, Sixto Cabrera, quien debe afrontar juicio.
En el citado documento, Cabrera hizo constar que Galindo estuvo enfermo desde el 19 de mayo de 2021, cuando cumplía prisión preventiva, y que el 23 de mayo de 2021 lo llevó al Hospital General de Barrio Obrero.
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Cabrera, según presume la Fiscalía, también habría recibido beneficios financieros de parte de los abogados de Walter Galindo, para que expida certificados médicos que acrediten que Galindo no podía estar encerrado.
Sin embargo, en la investigación de la Fiscalía, pero en el caso Mercat del 2022, se solicitaron informes a las autoridades de dicho nosocomio que respondieron que no registraron en esas fechas ningún paciente con ese nombre y que este nunca fue a consultar a ese centro de salud.
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La actuación de la médica forense del Poder Judicial
La Dra. Ana Stael Alfonso, en su carácter de médica forense del Poder Judicial de Central, según se probó en juicio recibió dinero para elaborar dos informes; uno el 27 de mayo de 2021, en el que hizo constar que se constituyó en el Departamento de Judiciales para evaluar a Galindo. En ese informe, presentado al juzgado penal de garantías N° 2 de Isabel Bracho, de Lambaré, concluyó que la reclusión no era apta para él.
El 24 de junio de 2021, Alfonso Vera presentó otro informe médico, en el que refirió que se constituyó en la casa de Walter Galindo, para examinarlo.
Ambos informes fueron usados en las audiencias de revisión de medidas, en las que Galindo fue beneficiado con medidas cada vez menos gravosas.
En medio de todo eso los abogados también, según audios difundidos a través de ABC Cardinal, habrían pagado a la fiscala Egidia Gómez y la jueza Bracho, para “blanquear” a Galindo.
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Pericia descartó su participación
La jueza Rosarito Montanía había decretado el sobreseimiento definitivo de la médica con especialidad en ginecobstetricia Celia Romina Alfonso Vera, hermana de la procesada Ana Stael.
En este sentido, durante el juicio quedó probado que Ana Stael Alfonso Vera había utilizado el sello de su hermana -Celia Romina- para otro certificado médico que fue presentado por la defensa de Galindo ante el Juzgado.
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Fiscalía investiga a exjueza, exfiscala y actuaria judicial
La jueza de Garantías de Lambaré Isabel Bracho, la actuaria Ruth Karina Ferreira y la exfiscala Egidia Gómez, hermana del difunto exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; fueron imputadas el 18 de noviembre de 2025, por supuestamente favorecer irregularmente al presunto narcotraficante Walter José Galindo Domínguez.
Según el acta presentada por el fiscal Néstor Coronel, la magistrada cobró US$ 50.000 para revocar la prisión preventiva y otorgar arresto domiciliario al procesado en el caso Mercat.
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El 10 de diciembre de 2025, Isabel Bracho, quien en ese momento ya afrontaba plenamente el proceso penal y también un enjuiciamiento por comisión de hecho punible en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), presentó renuncia ante la Corte Suprema de Justicia, la cual le fue aceptada.