El fiscal General del Estado apartó de la causa “lesión de confianza”, que promovió la Contraloría General de la República (CGR) contra la exintendenta de Paraguarí Lilian Lorena Burgos de Baruja y el actual intendente, Marcelo Simbrón (ANR).
La CGR presentó, en fecha 29 de diciembre de 2025, una denuncia penal contra la exintendenta colorada de Paraguarí, y el actual intendente municipal y precandidato a la reelección por el movimiento Colorado Añeteté, por presuntas irregularidades detectadas en la ejecución de obras municipales.
La denuncia, sustentada en informes de la Dirección de Auditoría Forense de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CGR, fue recepcionada en la Unidad Penal N.º 1, a cargo de la agente fiscal Milena Basualdo.
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Pese a la complejidad del caso y sin la realización de diligencias investigativas relevantes, la fiscala Basualdo presentó requerimiento de desestimación de la causa el 27 de enero de 2026, es decir, en menos de 30 días desde el ingreso formal de la denuncia, en lo que fue calificado como un procedimiento meteórico.
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El pedido fiscal fue remitido al Juzgado Penal de Garantías, donde la jueza Digna Ocampos resolvió dar trámite de oposición, impidiendo el cierre anticipado del proceso penal y abriendo un nuevo escenario judicial.
La fiscala en su desestimación había aclarado que el hecho en cuestión no se encuadra dentro de ningún tipo legal. En consecuencia, teniendo en cuenta que el hecho denunciado no constituye hecho punible no puede ser perseguible de Oficio por el Ministerio Público por no reunir los presupuestos exigidos.
Ante esta situación, el expediente fue elevado por la fiscal adjunta María José Abed a la Fiscalía General del Estado para su revisión.
Fiscala apartada de la causa
Como consecuencia de estos hechos, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mediante la Resolución N.º 329/2026, resolvió apartar del caso a la fiscala Milena Basualdo y conformar un nuevo equipo de trabajo para investigar el hecho denunciado por la Contraloría.
Fueron designados los agentes fiscales Alfredo Ramos Manzur, de la Unidad Penal N.º 3 y Omar Segovia, de la Unidad Penal N.º 2, ambos de la ciudad de Paraguarí.
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En la parte resolutiva, el Fiscal General recordó a los fiscales intervinientes que la primera obligación del ejercicio de la persecución penal es identificar el tipo legal afectado y determinar con precisión al sujeto pasivo, antes de cualquier definición procesal.
Investigación sigue abierta
La denuncia de la CGR se basa en el Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) correspondiente al primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024, complementado con verificaciones in situ realizadas los días 4 y 5 de marzo de 2025 en la Municipalidad de Paraguarí.
El informe, identificado como CGR N.º 26/2025, analizó obras ejecutadas entre los años 2021 y 2024, período que involucra tanto a la administración de la exintendenta Burgos como a la del actual intendente Simbrón.
Con la oposición judicial firme, el cambio de fiscales y la intervención directa de la Fiscalía General del Estado, la causa permanece abierta y bajo investigación, a la espera de nuevas diligencias que permitan determinar si existen elementos suficientes para sostener una persecución penal.
Contratos irregulares y obras con deficiencias
La CGR detectó que tras la fiscalización que realizaron, detectaron una diferencia aproximadamente de más de G.162 millones de los recursos municipales, royalties y fonacide. Se pagaron y certificaron obras que no se realizaron o se ejecutaron parcialmente.
En su informe el ente de control señala que la Municipalidad de Paraguarí recurrió de manera constante a la modalidad de contratación por la Vía de la Excepción y la Contratación Directa por urgencia, sin justificar técnicamente su uso ni notificar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). La práctica viola la Ley N° 2051/03 y la Ley N° 7021/2022, poniendo en riesgo la transparencia y el control de los procesos públicos.
Documentación deficiente: ajustes sobre la marcha. Los llamados a licitación se sustentaron en documentos incompletos y sin rigor técnico, lo que derivó en constantes modificaciones durante la ejecución de las obras.
La CGR señala que no existen planos ni aprobaciones formales que respalden cambios en los rubros de obra, ni adendas contractuales que justifiquen compensaciones entre partidas.
Obras certificadas pero incompletas. Se pagaron y certificaron obras que no se realizaron o se ejecutaron parcialmente. Algunos rubros aprobados no cumplen con las especificaciones técnicas ni con las planillas contractuales, lo que reduce la calidad de las construcciones y representa riesgos para la seguridad de las personas.
Incluso se firmaron actas de recepción definitiva cuando todavía faltaban rubros por ejecutar, sin documentación que explique su supresión o reemplazo.
Garantías y seguros ausentes.
La CGR constató que la Municipalidad no pudo comprobar la existencia de garantías ni pólizas de seguro exigidas en los contratos. Tampoco hay indicadores de cumplimiento contractual ni un archivo sistemático de documentación: apenas el 60% de los respaldos contractuales está disponible. La falta de legajos técnicos dificulta la supervisión y genera vacíos en el control interno.
No existe evidencia de planes de mejora ni de cuantificación de posibles daños por trabajos mal ejecutados. Según la Contraloría, esta situación expone a la municipalidad a deficiencias persistentes en las obras y a riesgos patrimoniales.
La CGR advierte que las irregularidades identificadas comprometen la eficiencia, la transparencia y la seguridad de las obras públicas en Paraguarí. Recomienda implementar controles estrictos, exigir documentación técnica completa, garantías y seguros, y establecer planes de mejora con respaldo formal para proteger los recursos públicos.