En el distrito de Paraguarí, Marcelo Simbrón (Movimiento Colorado Añeteté) se presenta para la reelección pese a estar comprometido judicialmente. En diciembre de 2024, fue condenado a tres años y ocho meses de prisión por lesión de confianza y administración en provecho propio, en un caso vinculado a la Municipalidad de Nueva Colombia, por un perjuicio patrimonial de G. 2.663.315.462.
La sentencia fue confirmada en julio de 2025 por un Tribunal de Apelación y actualmente el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En un informe de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) de la CGR al ejercicio fiscal 2022 y el primer cuatrimestre de 2023, se revelan múltiples presuntas irregularidades. Entre las observaciones figuran adjudicaciones sin comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) por más de G. 1.600 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) y G. 1.300 millones en concepto de royalties.
El actual intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR-HC), apunta a su reelección por el oficialismo colorado. El jefe comunal fue salvado de la intervención de su gestión gracias a un pacto liberocartista en el Congreso Nacional.
En junio del año 2023, la Cámara de Diputados archivó el pedido de intervención de la Municipalidad de Caapucú, en lo que se denominó un pacto de impunidad entre colorados y liberales.
Entre las presuntas irregularidades denunciadas en su gestión por concejales locales y la Contraloría Ciudadana de Caapucú se encuentran la falta de transparencia, la malversación de fondos, la ausencia de rendición de cuentas desde 2021 y las contrataciones directas.
En febrero de 2024 se reportó que el intendente evitó una fiscalización especial de la Contraloría General de la República (CGR) alegando estar de viaje. Debido a la falta de informes sobre el uso de recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas llegó a bloquear transferencias de royalties y Fonacide en años anteriores, aunque posteriormente se subsanó dicho inconveniente.
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En el distrito de Escobar, María Cristina Espínola (ANR-HC) también se postula para el rekutu de la mano de Juan Carlos Baruja, titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). En este caso, no se reportan antecedentes judiciales ni denuncias ante la fiscalía sobre su gestión. Solo registra una queja por falta de cobro de dietas de concejales y funcionarios, comunicada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En La Colmena, Sergio Galeano (ANR-HC) migró de Colorado Añeteté a HC, movimiento en el que se lanza para la reelección, con el respaldo de la gobernadora Norma Zárate de Monges. No tiene denuncias sobre su gestión.
En la ciudad de San Roque González de Santa Cruz, Emanuel Morán (PLRA), con una cuestionada gestión, se presenta para el rekutu. Tiene denuncias por la adjudicación de la refacción de tres aulas y un sanitario inclusivo en una escuela local, con un presupuesto de G. 327.551.000, a Miguel Abdón Vera Rodríguez, quien sería su socio comercial en el Grupo EMARA SA.
Además, se le señala por adjudicar, por la vía de la excepción, obras por G. 383.040.134 a la constructora ZETA Company E.A.S., representada por Juan Gabriel Idoyaga Bogado.
En Sapucai, Ariel Lilo Monges (ANR-HC) aspira a la reelección, respaldado por su madrastra, la gobernadora de Paraguarí Norma Zárate, y por su padre, el exsenador Darío Monges. No presenta cuestionamientos a su gestión.
En la ciudad de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (ANR-MCR) también aspira a seguir otro período en el cargo. Ella enfrenta denuncias ante la fiscalía, aunque no está imputada.
En junio de 2025, concejales municipales y un activista social presentaron una denuncia formal ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) por presunta malversación de G. 3.000 millones de fondos públicos. Además, registra retrasos en el pago de dietas a concejales por más de G. 80 millones, de acuerdo con las quejas de ediles.
Otros que podrían buscar la reelección son la actual intendenta de Quiindy, María Gloria Caballero (PLRA), y Luis Carlos Rojas (ANR) de Mbuyapey.
En el caso de la administración de Rojas, en agosto de 2025 el local comunal fue objeto de allanamiento por parte del Ministerio Público tras denuncias de concejales por supuesta lesión de confianza durante los años 2022, 2023 y 2024.
Entre los hechos denunciados figuran presuntas malversaciones de recursos municipales, obras sobrevaluadas e inconclusas, y caminos vecinales reparados con maquinarias propias y combustibles, pese a la existencia de contratos con empresas adjudicadas.