La denuncia por supuesta estafa presentada ante la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros por Manuela Orrego, da cuenta de que desde su lugar de residencia, Nueva York, Estados Unidos, la denunciante contactó con una persona que ofrecía servicio de investigación privada en redes sociales, al que identificó como Martín Ricardo Santos Roa. Esta persona fue condenada por información falsa con relación al secuestro de Arlan Fick, en el año 2014.
La denunciante relató que Santos -quien se presentó como propietario de la empresa de seguridad SEG-COM SA explicó su servicio de detective privado y como le presentó un presupuesto de G. 7 millones para realizar el trabajo de investigación privada que le solicitó.
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Denunciante entregó G. 2 millones por servicio no permitido en el país
El 5 de enero pasado, Orrego le hace una transferencia de G. 2 millones, acordando completar el pago total (G. 7 millones) una vez concluido el servicio requerido.
Sin embargo, ante las constantes evasivas del supuesto detective, Orrego acudió a la Policía Nacional para informar la situación, oportunidad en que se enteró con gran sorpresa de que este tipo de servicio no está permitido en el país.
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“Realmente me sorprendió lo que me dijo el policía, porque yo no sabía que no estaba permitido. Como vi que él ofrece sus servicios en redes sociales, no me imaginé siquiera. Y si bien ya no tengo esperanza de recuperar los G. 2 millones que le transferí, por lo menos quiero alertar a otras personas para que no sean perjudicadas como yo”, explicó Orrego.
Condena en el caso Arlan Fick
Como si no fuera suficiente, en la sede policial le informaron que el denunciado tenía una condena de 2 años de pena privativa de libertad, por haber proporcionado información falsa en el caso del secuestro de Arlan Fick.
La sentencia por usurpación de las funciones públicas y frustración de la persecución y ejecución penal, dictada por el entonces juez penal de Garantías Alcides Corbeta en diciembre de 2014, estableció la suspensión a prueba de la condena.
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La nueva denuncia contra Santos fue derivada a la Unidad Penal 9 de Luque, a cargo del fiscal Augusto Ledesma.
Voceros del departamento Contra Delitos Económicos y Financieros de la Policía confirmaron que nuestra legislación no contempla la figura del investigador privado. Sólo los trabajos de seguridad privada y de guardaespaldas están permitidos y regulados por ley, señalaron.