El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, mediante la resolución Nº 377/2026, dictó el traslado de la fiscal Milena Raquel Basualdo Osorio, quien asumirá funciones como agente fiscal de la Unidad Penal N.º 2 y de la Unidad Penal de Ejecución en la fiscalía de Filadelfia.
En su reemplazo, de manera interina y sin perjuicio de sus funciones actuales, asume el fiscal de Yaguarón, Eladio Cohene.
La CGR presentó, el 29 de diciembre de 2025, una denuncia penal por el presunto hecho de lesión de confianza contra la exintendenta colorada Lorena Burgos de Baruja y el actual intendente municipal, precandidato a la reelección por el movimiento Colorado Añeteté, Marcelo Simbrón.
Los denunciados estarían vinculados a supuestas irregularidades en la ejecución de obras municipales. La denuncia se basa en el Informe Final de Fiscalización Especial Inmediata (FEI) Nº 26/2025, que analizó obras ejecutadas entre 2021 y 2024, período que abarca tanto la administración de Burgos como la de Simbrón.
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Antecedentes del caso
El documento, respaldado por informes de la Dirección de Auditoría Forense de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CGR, fue recibido en la Unidad Penal Nº 1, bajo la responsabilidad en ese momento de la fiscal Basualdo.
A pesar de la complejidad del caso y sin la realización de diligencias investigativas relevantes, Milena Raquel Basualdo Osorio presentó un requerimiento de desestimación de la causa el 27 de enero de 2026, es decir, en menos de 30 días desde el ingreso formal de la denuncia, lo que fue calificado como un procedimiento meteórico.
El pedido fue remitido al Juzgado Penal de Garantías y la jueza Digna Ocampos resolvió dar trámite de oposición, impidiendo el cierre anticipado del proceso y abriendo un nuevo escenario judicial.
La fiscala había argumentado que el hecho denunciado no se encuadra dentro de ningún tipo penal y, por lo tanto, no podía ser perseguido de oficio por el Ministerio Público.
Ante esta situación, el expediente fue elevado por la fiscal adjunta María José Abed a la Fiscalía General del Estado para su revisión. Como resultado, el Fiscal General Rolón, mediante la Resolución Nº 329/2026, apartó a Basualdo del caso y conformó un nuevo equipo investigador, designando a los fiscales Alfredo Ramos Manzur (Unidad Penal Nº 3) y Omar Segovia (Unidad Penal Nº 2), ambos de la ciudad de Paraguarí.
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Cuestionado contratos
Tras la fiscalización de obras, la CGR detectó una diferencia de aproximadamente G. 162 millones de los recursos municipales, royalties y Fonacide. Se pagaron y certificaron obras que no se realizaron o se ejecutaron parcialmente.
Asimismo, en su informe, el ente de control señala que la Municipalidad de Paraguarí recurrió de manera constante a la modalidad de contratación por la vía de la excepción y la contratación directa por urgencia, sin justificar técnicamente su uso ni notificar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La práctica viola la Ley N° 2051/03 y la Ley Nº 7021/2022, poniendo en riesgo la transparencia y el control de los procesos públicos.
Documentación deficiente: ajustes sobre la marcha
Los llamados a licitación se sustentaron en documentos incompletos y sin rigor técnico, lo que derivó en constantes modificaciones durante la ejecución de las obras.
La CGR señala que no existen planos ni aprobaciones formales que respalden cambios en los rubros de obra, ni adendas contractuales que justifiquen compensaciones entre partidas.
Obras certificadas pero incompletas
Se pagaron por certificaron obras que no se realizaron o se ejecutaron parcialmente. Algunos rubros aprobados no cumplen con las especificaciones técnicas ni con las planillas contractuales, lo que reduce la calidad de las construcciones y representa riesgos para la seguridad de las personas.
Entre otras observaciones, la CGR señala que se firmaron actas de recepción definitiva cuando todavía faltaban rubros por ejecutar, sin documentación que explique su supresión o reemplazo.