Los condenados son los expolicías Eusebio Torres Romero y Fortunato Lorenzo Laspina, quienes recibieron la pena máxima de 25 años de cárcel, mientras que Manuel Crescencio Alcaraz fue sentenciado a 20 años. El caso se centró en las torturas sufridas por Domingo Guzmán Rolón y otros prisioneros políticos en 1976.
La fiscala de Derechos Humanos, Sonia Sanguinés, destacó la complejidad de recrear hechos ocurridos hace casi cinco décadas. El proceso, que se inició formalmente con acusaciones en 2017, enfrentó constantes trabas por parte de las defensas.
“Fue un juicio realmente sufrido. Los defensores acudieron a todas las herramientas procesales posibles para dilatar el debate, haciendo en muchos casos un ejercicio abusivo del derecho a la defensa”, señaló laa fiscala.
A pesar de que inicialmente eran nueve los procesados, varios fallecieron durante el transcurso de la causa. Sanguinés aclaró que, aunque se trate de delitos de lesa humanidad imprescriptibles, la responsabilidad penal se extingue con la muerte del imputado, impidiendo una condena formal para quienes ya no están.
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El testimonio de los sobrevivientes
El pilar de la condena fue el testimonio de sobrevivientes, muchos de ellos personas de entre 80 y 90 años que viajaron desde el interior del país para declarar.
Además de los testimonios, se presentaron dictámenes psiquiátricos y evaluaciones victimológicas que confirmaron el daño físico y psicológico persistente.
La fiscalía rebatió el argumento de la defensa sobre la irretroactividad de la ley, señalando que la Constitución de 1967 ya reconocía la dignidad humana, prohibiendo tácitamente la tortura como método de estado.
¿Cárcel o arresto domiciliario?
Una de las mayores interrogantes tras el fallo es dónde cumplirán la sentencia los condenados, dada su avanzada edad (alrededor de 80 años). El Tribunal, integrado por los jueces Fabián Escobar, Carlos Hermosilla y Juan Pablo Mendoza, dispuso el arresto domiciliario mientras la sentencia queda firme.
“Es una forma de asegurar que no haya peligro de fuga ante la alta pena impuesta”, explicó.
Sin embargo, aclaró que una vez que la condena sea ratificada por instancias superiores (Cámara de Apelaciones y Corte Suprema), el cumplimiento efectivo en un centro penitenciario dependerá de lo que resuelva la justicia en ese momento.