Los partidos Paraguay Soberano, Yo Creo, Frente Patriótico Teete, Cruzada Nacional y Frente Amplio firmaron un comunicado conjunto con el objetivo de advertir a la ciudadanía que el proceso presentado como una “auditoría” del sistema de máquinas de votación de Comitia-MSA en realidad no ofrece garantías reales de transparencia.
Los cuestionamientos surgen tras la participación de representantes técnicos de estas fuerzas políticas durante jornadas desarrolladas del 2 al 9 de febrero, y luego del inicio de la etapa denominada “laboratorio” el 10 de febrero último.
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Los partidos afirman que “una demostración guiada no es una auditoría”, conforme a lo establecido en el apartado de auditabilidad del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), y que sin ese estándar, “no hay garantías reales”.
Puntos observados y documentados por los partidos
- Pruebas limitadas a escenarios predefinidos
- Restricciones operativas
- Hallazgos críticos de seguridad lógica
- Opacidad sobre software y componentes esenciales
- Ausencia de documentación completa y verificable del proceso
Los partidos firmantes del comunicado también denuncian que hasta el momento no se ha hecho público el contrato completo suscrito con la empresa Comitia-MSA con sus anexos técnicos correspondientes.
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¿Qué exigen los partidos?
- Publicación inmediata e íntegra del contrato con todos sus anexos documentales
- Disponibilización o publicación del código fuente de todo sistema utilizado en las máquinas de Votación
- Implementación de una auditoría real e independiente que permita pruebas libres
- Garantías verificables sobre integridad, autenticación, control de accesos y trazabilidad completa del sistema
- Actas técnicas obligatorias, registro documental público y constancia verificable de cada etapa del proceso.
En diciembre del año pasado, el TSJE adjudicó el arriendo de 18.000 máquinas de votación, por US$ 35 millones, al consorcio argentino Comitia-MSA, representada por gerentes del grupo ueno, exsocios de Santiago Peña.
Esta firma fue la única oferente en el segundo llamado, pero había sido descalificada meses antes en la licitación para la compra definitiva de los aparatos, lo que motivó al Senado pedir anular el proceso y al TSJE a declarar desierto el concurso.
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