El reclamo surge en medio de la causa abierta contra cinco manifestantes que se oponen a la actividad minera en la zona. Dos de ellos están imputados, uno acusado y otros dos fueron declarados en rebeldía, aún prófugos.
La investigación se originó tras un enfrentamiento entre yerbateros y un grupo de trabajadores que pretendía instalar piletas de lixiviación dentro de una propiedad privada en Paso Yobai.
Uno de los principales referentes, el presidente de la Asociación de Yerbateros de Paso Yobai, Vidal Brítez, fue recientemente acusado por el Ministerio Público por supuesta coacción grave y maniobras peligrosas en el tránsito terrestre —en calidad de instigador— y aguarda la resolución sobre su audiencia preliminar para saber si su causa será elevada a juicio oral.
En paralelo, dirigentes críticos al sector minero señalan que empresarios habrían sido beneficiados en el pasado tras cometer infracciones ambientales.
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La denuncia se sustenta en una grabación de un acto oficial en el que se firmó un convenio entre el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y la empresa Latín American Minerals Paraguay SA (Lampa), concesionada para la explotación minera en la ciudad.
En su discurso, el gerente de la firma, Rubén Aguilera, afirmó que en un principio enfrentaron unas 30 denuncias ambientales y que “se le salvó a todos” tras gestiones realizadas ante autoridades.
“Fuimos a hablar con los ministros día y noche y se le perdonó a todos”, expresó en el acto. Agregó que posteriormente hubo intervenciones a 14 empresas y que nuevamente intercedieron junto con el presidente de la firma, Alberto Antebi, y el intendente de Paso Yobai, Oscar Chávez (ANR-HC).
Las declaraciones fueron interpretadas por opositores como una admisión de que operadores mineros que incurrieron en irregularidades habrían sido protegidos.
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El grupo denunciante calificó las expresiones como una “alevosa declaración” que confirma que en el sector se operó en ocasiones de forma clandestina y con respaldo político e institucional.
Derecho a réplica
En contraste, Rubén Aguilera dijo que sus palabras fueron sacadas de contexto y que utilizó de manera incorrecta el término “imputación”.
Según explicó en su derecho a réplica, las intervenciones a molinos y operadores mineros se dieron durante el gobierno anterior y derivaron en un proceso de formalización.
Indicó que en ese entonces se firmó un acuerdo con el Mades y se gestionaron alrededor de 150 licencias ambientales para regularizar la actividad de los molinos que no contaban con documentación.
“En vez de que vengan a perseguirnos, que vengan a acompañarnos en el trabajo”, afirmó, señalando que la intención fue encauzar la actividad dentro del marco legal.
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Aguilera añadió que la empresa incluso asumió costos de consultores para la tramitación de licencias ambientales, con el objetivo de formalizar el sector.
“Nosotros asumimos gran parte del trabajo que le correspondía al Estado, ayudamos a que no trabajen clandestinamente cuando el Gobierno y las instituciones no facilitaban lo necesario para estar habilitados”, alegó el gerente.
Recalcó que la “ayuda” brindada a los operadores del rubro fue en las gestiones administrativas con la cartera estatal, pero no se interpusieron en ningún proceso penal que se hubiese abierto sobre supuestos delitos ambientales.
Asimismo, remarcó que, a partir de ahora, la responsabilidad de contar con la documentación necesaria será exclusiva de cada operador, y que la Asociación de Mineros de Paso Yobai actuará como contralor de nuevas habilitaciones.