Tras el secuestro de Almir Brum, en una zona limítrofe entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú, el Gobierno desplegó un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para realizar tareas de reconocimiento terrestre e inteligencia. El ministro de Defensa, Óscar González, detalló que ya se reunieron con los familiares de la víctima para garantizarles el apoyo del Estado, aunque bajo una premisa estricta, según indicó: “no realizar maniobras que pongan en riesgo la vida del secuestrado“.
Uno de los puntos de mayor incertidumbre es la autoría del crimen. Si bien se hallaron panfletos en el lugar, las autoridades mantienen cautela.
El ministro calificó el panfleto como un “indicio muy serio”, pero señaló que el Departamento Antisecuestro de la Policía y la inteligencia militar aún analizan si se trata efectivamente del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
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Según estimaciones oficiales, el grupo criminal se encuentra disminuido, contando actualmente con un brazo operativo de entre 11 y 15 hombres.
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“Nunca dijimos que el grupo estuviera extinguido; siempre fue una preocupación para el Estado, incluso estando debilitados”, afirmó.
La familia afectada fue descrita por las autoridades como gente trabajadora y sencilla. A pesar de contar con maquinaria para la agricultura, el ministro subrayó que no poseen los recursos económicos que habitualmente exigen los grupos criminales para un rescate.