A casi una semana del secuestro de Almir de Brum, que puso nuevamente en jaque la seguridad en el norte del país, el general Alberto Gaona, titular del CODI, admitió que hasta el momento no existe una prueba de vida del secuestrado y que la integridad de la víctima reside, exclusivamente, en la voluntad del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Uno de los puntos más sensibles de la estrategia actual es el distanciamiento de las fuerzas tácticas.
Según explicó, el CODI respetó el pedido expreso de los familiares de la víctima, que solicitaron que los militares se mantuvieran alejados para no entorpecer los posibles canales de comunicación con los captores, conforme a las instrucciones dejadas en los panfletos del grupo criminal.
“Estamos cumpliendo con el pedido de la familia. Ellos solicitaron el distanciamiento del CODI para poder cumplir con los requerimientos escritos en el panfleto”, señaló.
Agregó que, a pesar del repliegue, se realiza un monitoreo constante las 24 horas, intentando procesar datos telefónicos y movimientos en un terreno que calificó como “sumamente complejo”.
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Gaona justificó la dificultad de la persecución señalando la inmensidad del área de operaciones: la Reserva del Mbaracayú (64.000 hectáreas) y Campos Morombí (25.000 hectáreas).
A este factor geográfico se suma un componente social crítico: la existencia de poblaciones locales radicalizadas que, según el mando militar, facilitan el movimiento de los criminales y dificultan la trazabilidad del grupo, estimado en unas 15 personas.