Bajo la consigna “Hasta la extirpación total del cáncer de la usura”, la Coordinadora de Víctimas de la “Mafia de los pagarés” declara una guerra abierta contra lo que denominan una estructura criminal enquistada en el Poder Judicial.
El documento es un ultimátum a los tres poderes del Estado. En éste, la Coordinadora reivindica los recientes levantamientos de embargos como victorias de la movilización popular y no como actos de justicia espontánea.
“El miedo ha cambiado de bando”, señala el texto, agregando que la organización es hoy el único muro de contención contra el saqueo salarial.
Apunta directamente al Parlamento, acusando a los legisladores de una “dilación sistemática” que solo beneficia a los usureros.
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Exigencias
- Ley de traslado de expedientes: buscan garantizar el derecho a la defensa y descongestionar los juzgados que hoy funcionan como “fábricas de demandas falsas”.
- Ley de indemnización: una medida para que el Estado y los responsables particulares resarzan el daño moral y patrimonial causado a miles de familias.
“¡Quien no vota estas leyes, vota con la mafia!”, sentencia el manifiesto, vinculando directamente la inacción legislativa con la complicidad criminal.
El apartado más severo del manifiesto se dirige a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La organización califica de “inadmisible” que los juzgados operen como brazos ejecutores de estructuras delictivas que utilizan pagarés adulterados.
Para la Coordinadora, la fe pública fue herida de muerte bajo la vigilancia de una Corte que tachan de negligente. Por ello,ratifican su intención de promover el juicio político contra los ministros que, por acción u omisión, permitieron el despojo sistemático de los bienes de los trabajadores.
La Coordinadora rechaza las soluciones a cuentagotas o los levantamientos de embargos aislados, interpretándolos como una estrategia de distracción para desarticular el movimiento.
“No buscamos que nos suelten la cadena a unos pocos; exigimos que se rompa el sistema que fabrica las cadenas”, resalta.
El manifiesto cierra asegurando que la lucha no se limitará a los pasillos de los tribunales, sino que buscará la anulación total de los procesos viciados y el encarcelamiento de los “cabecillas de cuello blanco”.