Denuncian presunta injerencia de empresas privadas en el relevamiento de datos públicos y un alarmante retraso tecnológico en la recaudación nacional. El legislador de “Yo Creo”, José Oviedo, solicitará informe al respecto.
La gestión de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, se encuentra bajo la lupa parlamentaria tras las recientes denuncias de sindicatos del sector.
El senador José Oviedo anunció que impulsará un pedido de informe y una convocatoria a la titular del MOPC para esclarecer supuestas irregularidades que apuntan a un conflicto de intereses y a una progresiva “privatización de facto” de las funciones estatales.
La chispa que encendió la polémica fue una nota presentada por gremialistas del ministerio, que alertan sobre la presencia de personal de la empresa privada Tape Porã realizando relevamientos en puestos de peaje estatales.
Uno de los puntos críticos señalados es la vulnerabilidad del sistema de recaudación actual.
Según datos revelados por el legislador, de los 17 a 19 peajes que operan a nivel nacional, menos de la mitad cuenta con un sistema informático centralizado.
“Solamente en nueve peajes hay un arqueo informatizado diariamente; en los demás, el control es manual. ¿Qué pasa cuando el arqueo es manual? Es evidente que puede haber desvío de recursos”, sentenció.
Agregó que en el sector público hay burocracia y procesos que deben ser transparentes. “No se puede llamar a una ‘empresa amiga’ para que haga el sistema informático sin el debido rigor legal”.
Calificó la situación como un “carnaval” que afecta no solo al MOPC, sino también a la ANDE y otras instituciones.
“¿Para qué tenemos un Estado con 400.000 funcionarios si al final estamos apostando todo a las Alianzas Público-Privadas (APP) por inoperancia?”, cuestionó.
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El conflicto por la autopista elevada
Según el senador, tras una reciente audiencia pública, quedó en evidencia una desconexión total entre los ministerios.
“El Ministerio de Educación (MEC) afirma que 64 escuelas serán afectadas; el MOPC lo niega. El Ministerio de Agricultura y la Secretaría de Cultura desconocen los alcances del proyecto. El MADES no contaría con un estudio de impacto ambiental integral, sino parcializado por tramos”, manifestó.
Finalmente, indicó que la próxima semana, tras el reinicio de las actividades parlamentarias, formalizará el pedido de informe.
“Una interpelación tiene un efecto político fuerte, pero primero necesitamos las respuestas que el MOPC suele omitir en los papeles. De confirmarse estas irregularidades, la ministra debe dar un paso al costado”, concluyó.