En la sesión plenaria ordinaria de hoy, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio por concluida la carrera en la magistratura de Gladys Patricia Fariña Larrosa, quien se desempeña como titular del juzgado penal de Garantías de Lambaré N°1 desde 2019.
La jueza Gladys Fariña, quien tenía el mejor puntaje de 586,7, integró la terna con Blas Antonio Aquino Zarza (471,28) y Edgar Bernardo Chamorro (448,8 ).
“Históricamente hemos tenido inconvenientes con el juzgado del que estamos tratando, hemos tratado con el cambio correspondiente de superar estos inconvenientes y lastimosamente no se han dado el resultado que esperábamos” señaló el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien se desempeña como superintendente de Central.
“Entonces teniendo en consideración todos los elementos de juicio e incluso una auditoría que dispuse que se haga en estos días para ver cuál es el estado actual del juzgado, y esta auditoría, más los demás elementos de juicio y el intercmabio de opiniones que hemos tenido, me llevan a proponer para el cargo de juez penal de Garantías de Lambaré a Blas Antonio Aquino Zarza (...)”, explicó Jiménez, sin entrar en detalles acerca del resultado de la auditoría realizada.

La propuesta del ministro Jiménez Rolón, fue acompañada por los demás ministros por unanimidad, por lo que fue designado titular del juzgado penal de Garantías de Lambaré el abogado Blas Aquino, quien jura el próximo lunes 30 de marzo.
Jiménez destacó que Aquino tiene 18 años de experiencia laboral, que empezó como asistente en la Corte Suprema de Justicia en el año 2007, cargo en que estuvo durante un año, pues en el 2008 fue nombrado secretario fiscal. Aquino se desempeñó por un año más en este cargo y en el el 2009 fue nombrado asistente fiscal, cargo que ocupa desde entonces.
Por falta de funcionarios, jueza de Lambaré se vio obligada a limitar audiencias
En setiembre de 2019, Fariña fue nombrada en reemplazo de Hugo René Camé Saldívar, quien dejó el cargo de juez penal de Lambaré durante 14 años.
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Ante las dificultades de cumplir con la labor que le asignaron por falta de personal, en el año 2024, la jueza Fariña anunció la adopción de una medida extrema: la de limitar las audiencias.

Al justificar su decisión, Gladys Fariña explicó que de los 15 funcionarios por secretaría que tenía al llegar, solo quedan cuatro, dos por secretaría, además de la actuaria. El día que puso el cartel, una de las actuarias estaba de vacaciones y un funcionario se encontraba de reposo.
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“Cuatro de mis funcionarios se fueron por la recarga laboral. A los funcionarios se les exige pero no hay comida para ellos, no hay horas extras y acá no hay nadie que gane ni G. 5 millones; pagar almuerzo todos los días sale caro para el funcionario. Además, para ascender tienen que capacitarse y así no se puede. Yo me quedo pero no es vida ni para mí ni para nadie”, explicó la jueza en aquel entonces.
Advertencia de la Corte Suprema de Justicia
En la época, la sede del juzgado era un edificio de departamentos donde los funcionarios realizaban sus tareas de manera precaria, como en la cocina, área de servicio y otros, situación común a los demás juzgados que funcionaban en el local ubicado sobre Cacique Lambaré y Juana de Lara.

Sin embargo, la medida no cayó en gracia a la Corte Suprema de Justicia y su reacción no se hizo esperar. A primera hora del día siguiente, una comitiva judicial se constituyó en la sede judicial para arrancar el cartel bajo acta y advertir a la magistrada de la adopción de otras medidas más drásticas, en caso de que se mantuviera en su postura.
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Ante la promesa de contar con más funcionarios para poder atender la excesiva demanda existente, la jueza Fariña accedió a dejar sin efecto la medida. Sin embargo, al parecer el refuerzo nunca llegó en las condiciones necesarias para cubrir la demanda existente.
