El Hospital Nacional de Itauguá (HNI) , que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), se encuentra bajo la lupa tras el anuncio de una intervención oficial, motivada por una serie de denuncias que describen un entorno de trabajo hostil y violaciones sistemáticas a los derechos humanos y laborales.
Según los médicos en entrenamiento, en el servicio de Cirugía General, los residentes son víctimas de un “sistema institucionalizado de maltrato”.
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“Tenemos una intervención por un supuesto caso de irregularidades en la unidad de formación, de tinte de acoso, violencia laboral y hostigamientos. Eso venimos a verificar para posteriormente tomar una decisión transparente, objetiva y totalmente imparcial”, expresó el doctor Carlos Román, designado como coordinador de la intervención por Salud Pública, tras su llegada al hospital público, el martes último.
El calvario de una residente: cronología del abuso
A través de una denuncia formal a la que ABC tuvo acceso, una de las médicas residentes afectadas detalló cómo, lo que inició como una prometedora etapa profesional —tras haber ingresado con uno de los mejores puntajes del Conarem— se convirtió en una pesadilla.
La residente, de quien se omiten sus datos para preservar su seguridad y a quien llamaremos con el nombre ficticio de Norma, relata jornadas de esclavitud y castigos económicos. Según su denuncia, el reglamento de la Conarem, que estipula horarios de 07:00 a 17:00, era ignorado sistemáticamente y los residentes eran obligados a ingresar a las 04:00. Esta situación hacía que sus jornadas de guardia y postguardia se extendieran llegando incluso a cumplir 40 horas seguidas, por orden de los superiores.

“Se prohibía entregar pendientes a la guardia entrante estando uno de postguardia. Por lo cual, la postguardia se extendía hasta altas horas. No se respetaba la postguardia, y se castigaba a los residentes que intentaban retirarse en horarios reglamentarios, mediante exclusión de procedimientos y maltrato psicológico”, contó la afectada.
Grave esquema de cobros irregulares
Más grave aún es la denuncia de un esquema de cobros indebidos. Norma señala que se instauraron prácticas coercitivas en el Hospital Nacional, donde los residentes debían realizar transferencias de dinero de hasta G. 1.200.000 bajo el concepto de “bienvenida” o para acceder a beneficios básicos, como descansar. Aseguró a ABC que la negativa a pagar resultaba en guardias de castigo inmediatas.
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Norma sumó que a falta de ambulancia, los residentes se debían encargar de realizar el traslado del paciente en vehículos particulares, siendo esto un gasto extra para el médico en formación.
“Hay una ambulancia nueva que solo sirve para las fotos cada que vienen autoridades al hospital. Yo me negaba a trasladar pacientes en mi auto, por temor a una descompensación”, contó Norma, relatando que su negativa eran puntos en su contra.
Acoso sexual y complicidad jerárquica
El testimonio que da la residente apunta a un sistema de acoso sexual y complicidad, aplicado por altos mandos del servicio. Norma pidió omitir nombres y cargos debido a la investigación en curso, pero contó que uno de los médicos está acusado de realizar comentarios de índole sexual e insinuar a las denunciantes que debían “ofrecerse” para permanecer en el programa académico.
Estas acciones, según la denunciante, contaban con la complicidad de altos jefes, quienes también participaban en el hostigamiento mediante la manipulación de evaluaciones y la redacción de actas con contenido falso.

“Este médico me ha acosado en todas sus formas, realizando insinuaciones indebidas, preguntas hacia mi vida privada que me resultaban incómodas. Estos comportamientos normalizados por los jefes y mis propias residentes superiores que avalaban dichos actos, ya involucraban acercamientos físicos indebidos que yo intentaba rechazar educadamente, al igual que otras compañeras, lo cual fue motivo de represalias”, relató Norma.
El muro académico y la desmatriculación
La persecución hacia los residentes también afectó el plano académico. Según el relato de Norma, se le prohibió asistir a exámenes parciales, fue excluida de procedimientos quirúrgicos para los cuales estaba habilitada y, finalmente, tras presentar denuncias ante la Dirección de Anticorrupción y el Instituto Nacional de Salud (INS), tanto ella como las otras denunciantes fueron desmatriculadas de sus respectivas universidades.
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“Se exigía firmar registros ficticios de asistencia y se castigaba a residentes que intentaban participar en clases y debían dejar sus puestos rotativos para asistir a las mismas. El residente que se encontraba en quirófano o asistiendo pacientes, llevaba ausente. Todo esto afectaba la formación académica como la atención de pacientes”, expresó Norma.
Claves de la intervención
Tras la intervención del Hospital Nacional, los médicos acusados fueron separados de sus funciones asistenciales y académicas mientras dure el proceso, que será 60 días, según el Ministerio de Salud.
Durante este tiempo, se revisarán las evaluaciones de los residentes para detectar irregularidades y notas “ficticias” denunciadas, así como las denuncias de cobros irregulares y acoso sexual. Durante la intervención también se exigirán respuestas sobre el proceso de desmatriculación de las denunciantes.

El equipo interventor multidisciplinario está integrado por representantes de los viceministerios de Atención Integral a la Salud y de Rectoría y Vigilancia; las direcciones de Gabinete, Servicios y Redes de Salud; de Recursos Humanos, Administración y Finanzas; de Asesoría Jurídica, Anticorrupción y Transparencia. Como parte de la investigación también está involucrado el personal del Instituto Nacional de Salud. El equipo es coordinado por el doctor Carlos Román, director del Instituto Nacional de Nefrología (INN).
Audio que reveló acoso y coacción sexual a residentes
No es la primera vez que se denuncia un caso de acoso a residentes en el Hospital Nacional. Tampoco es la primera vez que jefes médicos que deberían de ser ejemplo de rectitud, se ven involucrados en amenazas y maltratos a médicos en formación.
En octubre del 2023, un audio ampliamente difundido reveló el trato hacia médicas residentes. En ese audio se escucha cómo un médico hablaba de “catar mujeres” y sobre poner “mano dura” para “corregir residentes”. Ese mismo médico, que todavía sigue en el Hospital Nacional como superior, es actualmente uno de los que hostigaría y organizaría encuentros de fin de semana para los que exigen pagos obligatorios, según se puede leer en los chats compartidos por Norma a ABC. Estos mensajes de texto no pueden ser revelados debido a la investigación en curso.

El relato de la denunciante es crudo y angustiante, debido principalmente al “terrorismo psicológico” que padece desde hace tiempo. Ella afirmó a ABC que tiene la esperanza de que este proceso, no solo castigue a los responsables, sino que desmantele una cultura de “derecho de piso” que, durante décadas, ha normalizado la violencia en la formación de especialistas en Paraguay.
