El escándalo iniciado con el “ninguneo” a una víctima de violencia nada menos que en la Oficina de Atención Permanente a Víctimas de Violencia Doméstica de Central, ubicada en el Palacio de Justicia de San Lorenzo, está en boca de todos hace más de una semana y también fue comentado en la última sesión plenaria ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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El bochornoso incidente -que quedó popularmente conocido como caso “spa en San Lorenzo”- fue abordado por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, quien es el superintendente de la circunscripción judicial de Central.
Ministro calificó lo ocurrido en San Lorenzo de “lamentable, insólito”
Al referise a lo que calificó como un hecho “lamentable, insólito”, Jiménez Rolón destacó en primer lugar, que todo lo ocurrido “ha sido debidamente documentado por medios técnicos como es la filmación”.
“Lo que ha ocurrido me lleva a concluir que el sistema de control de esa oficina de Atención Permanente que ha sido una iniciativa loable sin ninguna duda, no está siendo lo suficientemente controlado”, expresó.
Por esta razón, Jiménez Rolón elaboró una acordada que establece que la coordinación de dicha oficina ya no esté a cargo de una funcionaria administrativa como ocurre actualmente, sino que esté a cargo de jueces de paz que son los encargados de tomar las medidas de urgencia que correspondan a cada caso.
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“Entonces creo que estando esto a cargo de magistrados, tendrá una situación aunque más no sea de mayor respeto, y esa es la propuesta que se hace mediante esta acordada”, manifestó Jiménez, quien solicitó a sus colegas interiorizarse de su propuesta, para poder tomar una decisión al respecto en la próxima sesión.
“Entonces planteo que se haga conocer y se pueda tomar una decisión en la próxima sesión porque este es un tema que a mi modo de ver es urgente, porque se trata de cosas que no deben volver a ocurrir”, acotó el ministro superintendente de Central.
Auditoría dispuesta por la Corte Suprema de Justicia, en curso
Recordemos que el 24 de marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió sin goce de sueldo a las funcionarias Silvia Sugasti (actuaria) y Gessica Caballero, en el marco de un sumario abierto tras la difusión de un video en el que una mujer discute con las funcionarias, ante la negativa de estas de tomarle una denuncia de violencia.
Exasperada por el matrato recibido y ante la reiterada negativa de la actuaria de al menos acercarse al balcón para atedenderla, la denunciante introdujo su celular en la parte interna de la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia y con esta acción pudo filmar a la actuaria Silvia Sugasti sentada en un sillón, descalza y relajada, mientras Gessica Caballero le aplicaba un producto en el pelo.
Tras el escándalo generado por la indignación ciudadana ante semejante situación, salieron a luz en redes sociales otras otras situaciones de supuesto “ninguneo” a otra víctima y presunto planillerismo, que motivaron la separación de sus cargos de otros dos funcionarios y la realización de una auditoria integral a la citada repartición judicial, actualmente en curso.
