El histórico juicio por polución sonora contra el exgerente de una empresa criptominera de la ciudad de Villarrica fue dilatado tras presentarse un cambio de abogados a última hora por parte de la defensa del acusado. El inicio del juicio estaba previsto para este martes 7 de abril, pero en la jornada previa se notificó oficialmente la sustitución del equipo jurídico del procesado Juan Ignacio Marcillo.
Como consecuencia directa de esta modificación, se resolvió postergar el inicio del juicio oral y público, fijando como nueva fecha el próximo 20 de abril.
Se trata de la segunda suspensión que sufre este proceso judicial, que ya había sido diferido en diciembre del año pasado por una superposición de juicios que involucraba al mismo tribunal de sentencia y a la unidad fiscal especializada en delitos ambientales. En esta ocasión, no obstante, los denunciantes no descartan que la maniobra responda a una estrategia dilatoria.
Primer caso en Paraguay
El juicio es considerado histórico porque constituye el primer proceso en Paraguay por un caso de polución sonora atribuida a una actividad de criptominería. El caso tiene como protagonista a la empresa Bitfarms, cuyo representante legal era Juan Ignacio Marcillo.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la planta criptominera operó entre junio y noviembre de 2024, generando ruidos constantes que habrían superado los límites permitidos por la normativa municipal.
Los denunciantes, vecinos del barrio Santa Lucía, de Villarrica, aseguran que el funcionamiento ininterrumpido de más de 14.000 equipos de minería de criptomonedas les provocó severas afectaciones a su calidad de vida.
Entre los problemas reportados figuran insomnio, estrés, ansiedad y otras afecciones vinculadas a la exposición prolongada a niveles elevados de ruido. Además, sostienen que el impacto no solo fue en la salud, sino también en la estructura de sus viviendas, que habrían sufrido daños a causa de las vibraciones constantes.
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Fiscal pide 10 años de cárcel
La causa es impulsada por la fiscal especializada en delitos ambientales, Jadiyi Ortiz, quien formuló acusación en mayo de 2025 y solicitó una pena de hasta 10 años de prisión para el acusado. Pese a que en su momento mediciones municipales no habrían detectado niveles irregulares, la Fiscalía sostiene que existen suficientes elementos técnicos y testimoniales que evidencian la contaminación sonora.
Por otra parte, la empresa argumenta que cumple con las normativas vigentes y que implementó medidas de mitigación, como aislamiento acústico parcial, aunque los vecinos consideran que estas fueron tardías e insuficientes.
El juicio será seguido por observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos, lo que refuerza su carácter emblemático.
Para los vecinos afectados, la nueva postergación genera preocupación, aunque mantienen la expectativa de que el proceso finalmente avance y siente un precedente en la regulación de la criptominería en el país.
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El caso también reavivó el debate sobre la instalación de industrias tecnológicas en zonas urbanas, especialmente en lo referente a la falta de planificación territorial.
En julio de 2024, la Municipalidad de Villarrica modificó la zonificación del área de industrial a mixta, reduciendo los límites permitidos de ruido nocturno de 75 a 55 decibeles. Este cambio normativo es uno de los puntos centrales en la discusión judicial, ya que define los parámetros bajo los cuales se evalúa la conducta de la empresa.