Ante presuntas irregularidades en litigio por tierras urgen auditoría de la Corte

Sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo
Sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia. Foto: Archivo

La Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), a través del Abg. Francisco De Vargas, solicitó al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia que acelere la auditoría de la causa por el litigio de unas 310.000 hectáreas de tierras en el Alto Paraguay. Tanto Diputados como la Cámara de Senadores habían exhortado al Poder Judicial a proteger dichas tierras, ya que están ubicadas en zona de seguridad fronteriza.

El escrito fue presentado el viernes último por el Abg. Francisco De Vargas, en representación de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon), al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pidiendo que los integrantes del máximo tribunal se pronuncien sobre el pedido de auditoría presentado en fecha 18 de febrero de 2025.

La solicitud de auditoría es sobre la causa caratulada “Cusabo Limited y otros c/ Asociación del Espíritu Santa Para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre obligación de hacer escritura pública”, individualizada con el número 463 del año 2014, que actualmente se encuentra a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 26° Turno de la Capital, a cargo del juez Heinrich Fabián Von Lucken.

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“La solicitud de auditoría no atribuye una conducta sancionable contra un magistrado en particular, como tampoco contra un auxiliar de Justicia, puesto que, entendemos que a la luz de las resultas de la auditoría debería determinarse, en primer término, las irregularidades acaecidas y luego, determinar la responsabilidad de aquellos sujetos que han contribuido a la misma”, resalta parte del escrito presentado por De Vargas.

El representante de la Secta Moon recuerda que por Declaración N° 549 y la Declaración N° 208 la Cámara de Diputado y el Senado, respectivamente, exhortaron a varias instituciones, siendo una de ellas la Corte, a velar por la donación de parte de las tierras en litigio a favor del Estado paraguayo; e imprimir acciones a los efectos de evitar la violación de la Ley 2532/05 que protege la zona de seguridad fronteriza.

Proceso vinculado a exjueza Tania Irún

El 14 de abril de 2025 el juez de Garantías interino Osmar Legal elevó a juicio oral la causa penal que afronta la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada de supuesto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco, en la zona de seguridad fronteriza.

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Legal admitió la acusación presentada contra Tania Irún por la fiscal adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca y ratificada en la audiencia preliminar por los agentes Silvia González y Christian Benítez; así como por el Abg. Osvaldo Bittar, querellante en representación de la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial (Secta Moon).

El 20 de agosto de 2024 el juez de Garantías Yoan Paul López había elevado a juicio oral la causa que afronta la exjueza Tania Irún Ayala, por supuesto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierras, ubicadas en zona de seguridad fronteriza en el Departamento de Alto Paraguay, a empresas extranjeras.

Exjueza Tania Irún.
Tania Irún, ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital; llega a Tribunales para su audiencia.

Sin embargo en noviembre de 2024 el Tribunal de Apelación Penal 3ª Sala de la Capital, con los votos de los camaristas Cristóbal Sánchez (preopinante) y Agustín Lovera Cañete, resolvió de oficio anular la elevación de la causa a juicio oral y ordenó una nueva audiencia preliminar. El magistrado José Waldir Servín votó por declarar inadmisible el recurso de apelación planteado por los abogados Mario Rodrigo y Gustavo Darío González Planás.

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Acusación por presunto prevaricato

La acusación presentada posteriormente por la fiscal adjunta Soledad Machuca señala que la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza, confirmó que 22 de las 26 fincas situadas en el Alto Paraguay están ubicadas en zona de seguridad fronteriza, de acuerdo a las copias autenticadas del mapa remitidas a la Fiscalía.

En consecuencia, Tania Irún Ayala dictó la Sentencia Definitiva N° 494 del 23 de noviembre de 2018 sin tener por descartado que las firmas mencionadas tenían socios o representantes legales de países limítrofes, acciones al portador y/o en su caso títulos societarios endosables, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público.

Según la hipótesis fiscal, la entonces jueza en lo Civil y Comercial violó y tergiversó el derecho, apartándose de lo establecido en la Ley N° 2532; y su conducta contiene circunstancias “que sugieren parcialidad y arbitrariedad”, en consecuencia, afrontará juicio oral y público, de acuerdo a lo resuelto por el juzgado a cargo del caso.

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Tania Irún fue removida del cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en noviembre de 2021. Contra dicha resolución la ex jueza en lo Civil y Comercial de la Capital interpuso una acción de inconstitucionalidad que está pendiente de resolución en la Sala Constitucional de la Corte.

Por su parte los camaristas que ratificaron la sentencia también fueron denunciados ante el JEM, pero terminaron absueltos.