Pobladores de la comunidad de Villa Florida, departamento de Misiones, solicitaron que el intendente municipal Richard Castiñeira (ARN-HC) realice explicaciones sobre las acusaciones que pesan contra su persona.
Señalaron que estas acusaciones son de suma gravedad y manifestaron, además, la importancia de que la población esté informada sobre el destino de los recursos municipales, ya que dichos fondos deben ser invertidos en el mejoramiento de la ciudad y en obras que beneficien a toda la ciudadanía.
Informaron, además, que se tiene datos de que la municipalidad mantiene deudas con numerosos funcionarios; algunos no reciben su salario desde hace dos años, mientras que otros presentan atrasos menores.
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También indicaron que actualmente solo hay 10 trabajadores en la institución, cuando antes eran alrededor de 30, ya que muchos renunciaron por falta de pago.
El caso en cuestión
Semanas atrás se dio a conocer un material audiovisual elaborado por el abogado Juan José Bernis, en el que se denuncia al intendente Richard Castiñeira por una presunta estafa relacionada con cheques municipales.
Según la versión del abogado, el jefe comunal emitió cheques sin fondos de la municipalidad, con cargo al Banco Nacional de Fomento (BNF), supuestamente para realizar pagos a un prestamista o usurero.
De acuerdo con lo expuesto, el intendente habría cometido hechos presuntamente delictivos, con la expedición de cuatro cheques por un valor de G. 1.000 millones, los cuales fueron rechazados por el BNF al presentar firmas deficientes.
Castiñeira habría incurrido en la supuesta estafa al entregar dichos cheques como garantía de préstamos, por lo que, al momento de ser cobrados, resultaron rechazados al contener firmas no válidas, según Bernis.
El abogado dijo que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público para que se inicie una investigación del caso.
Ejecución presupuestaria rechazada
Por otra parte, el balance de la ejecución presupuestaria 2025 fue rechazado por unanimidad por la Junta Municipal, ya que el Ejecutivo no había presentado los documentos respaldatorios correspondientes a los gastos realizados durante el citado ejercicio fiscal, a pesar de los reiterados pedidos formulados por la Comisión de Hacienda y Presupuestos.
El Ejecutivo cuenta con un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la Junta Municipal contados a partir de la fecha del rechazo. Si no lo hace, los miembros del órgano elevarán la denuncia ante la Contraloría General de la República.
Una vez más intentamos contactar a Richard Castiñeira para obtener su versión sobre tanto las acusaciones en su contra como el rechazo de la ejecución presupuestaria, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes. La semana pasada anunció que hablaría el lunes 11 de mayo, pero no lo hizo.