Técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) intervinieron un establecimiento agrícola ubicado en el distrito de Tavaí, departamento de Caazapá, tras constatar la eliminación de cobertura boscosa en un área aproximada de 12 hectáreas.
Durante la verificación en campo, los funcionarios identificaron indicios que apuntan a un cambio de uso de suelo de carácter reciente. Entre las evidencias relevadas se mencionan restos de troncos y raíces, además de residuos vegetales dispersos en el área intervenida. También se observó la preparación del terreno con miras a la implantación de un cultivo de soja.
Ese conjunto de elementos fue considerado por los inspectores como parte del mismo proceso de transformación del área, lo que llevó a formalizar la intervención.
Lea más: Reglamento antideforestación de la UE se prorroga, pero las dudas persisten
Cómo fue documentado el caso y qué medidas se tomarán
El procedimiento incluyó registro fotográfico y un sobrevuelo con dron, herramientas que permitieron dimensionar la magnitud del desmonte y delimitar con mayor precisión la superficie afectada.
Ante las irregularidades constatadas, los técnicos intervinientes labraron un acta y entregaron una cédula de notificación al responsable del establecimiento.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio, el informe técnico será remitido a la Dirección de Asesoría Jurídica para el seguimiento del caso conforme a la legislación ambiental vigente. Esa instancia determinará los cursos de acción administrativos que correspondan dentro del marco normativo aplicable.
Consecuencias infringir la normativa de Deforestación Cero
A pesar de la vigencia de esta norma, el Instituto Forestal Nacional (Infona) reporta que una gran parte del cambio de uso de tierra en esta región se realiza de forma clandestina. Se estima que el 90% de la deforestación en la Región Oriental es ilegal, lo que ha llevado a un endurecimiento de las penas.
Según la Ley N° 6676/20, quienes incumplan la prohibición se enfrentan a sanciones administrativas por parte del Mades e Infona, y a penas privativas de libertad de tres a ocho años en la instancia judicial. Además, las condenas pecuniarias no eximen al infractor de la obligación de recomponer e indemnizar el daño ambiental causado.
Lea más: Cuidado de áreas protegidas: Mades y WWF Paraguay lanzan campaña de visibilización