La sesión se desarrollaba con relativa normalidad hasta que la secretaria dio lectura a la nota presentada por la concejal Maida Fernández (ANR - Añetete), quien solicitó el acompañamiento del cuerpo colegiado para promover una medida cautelar administrativa que suspenda cualquier avance de las obras de la PTAR.
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Durante su exposición, Maida Fernández sostuvo que el principal cuestionamiento gira en torno al cambio de ubicación del proyecto.
Recordó que inicialmente la planta debía construirse en un predio alejado del casco urbano, perteneciente al fallecido Raúl Ántola, sitio que contaba con estudios de impacto ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
Sin embargo, la obra fue trasladada a una zona urbana, contigua al aeropuerto Carlos Miguel Jiménez y cercana a sectores residenciales del barrio Villa Aeropuerto.
La edil advirtió sobre posibles consecuencias ambientales, sanitarias y urbanísticas, además de cuestionar que la Municipalidad aún no cuenta con un Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) aprobado. También señaló que los trabajos técnicos relacionados al ordenamiento territorial se encuentran paralizados desde marzo.
El planteamiento fue respaldado por las concejales Manuela González (ANR), Irma Rivas (PLRA), Marita Campias (PLRA) y el concejal Mario Ferreira (PLRA).
Los concejales que acompañaron el pedido remarcaron que, aunque existan autorizaciones de instituciones como el MADES y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), eso no exime al municipio de su responsabilidad en materia de planificación urbana y resguardo ambiental.
El momento más tenso se produjo cuando la concejal Manuela González se encontraba en uso de la palabra.
En ese instante, los concejales Lucía Silva (ANR-HC), Lorenzo Bottino (ANR-HC) y Néstor Velázquez (ANR-HC) abandonaron la sesión.
Segundos después, el presidente de la Junta, Gerardo Valoriani (ANR-HC), también se retiró abruptamente del recinto, dejando sin quórum la reunión y evitando que el pedido llegue a votación.
De acuerdo a versiones surgidas en el propio recinto, el retiro de los oficialistas respondió a una cuestión numérica: los concejales Marcos Benítez (ANR-HC) y Nilsa Torres (ANR-HC) estaban ausentes, por lo que el bloque oficialista no contaba con mayoría suficiente para rechazar el pedido impulsado por la oposición y sectores disidentes del Partido Colorado.
La polémica en torno a la PTAR no es nueva. A inicios de este año, el propio intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), había solicitado la suspensión de los trabajos tras las protestas de vecinos del barrio Villa Aeropuerto, quienes se movilizaron en rechazo a la construcción de la planta al costado del aeropuerto local.
Los pobladores sostienen que la obra fue “trasladada” del lugar originalmente previsto, que sí contaba con estudios ambientales aprobados.
Ahora hacia un sector urbano donde están preparando, según denuncian, no existen garantías suficientes sobre el impacto ambiental y sanitario que podría generar la planta.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) forma parte del proyecto de la defensa costera de Pilar fase B, una de las obras de infraestructura más costosas ejecutadas en la ciudad, con una inversión estimada en 50 millones de dólares.