En la causa abierta por fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura (CM), el fiscal Leonardi Guerrero había imputado a Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero; a Mario Brítez Ruiz Díaz, un exmagistrado, y a Schirley Paola Irala Leite, exactuaria judicial de Curuguaty, por la presunta participación de los mismos en el hecho investigado como autores.
La Fiscalía también imputó como supuesto autor del mismo hecho punible al asistente fiscal de Coronel Oviedo, Adán Fredy Rolón Villareal; mientras que como cómplice se inició la investigación en contra de Rafael Prieto Quintana, funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura, y como instigador, y Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria, funcionario de la Escuela Judicial.
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Sin embargo, la magistrada Librada Peralta recusó por supuesta falta de objetividad al fiscal Leonardi Guerrero y, en consecuencia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, designó en forma provisoria a la fiscala Patricia Sánchez al frente de la causa caratulada “Shirley Paola Irala Leite s/ producción de documentos no auténticos”.
Por su parte, la agente fiscal Patricia Sánchez que fue vinculada a la causa recién este martes último tiene pendiente la contestación de un recurso de apelación, que fue planteado por la defensa del imputado Adán Rolón en contra de la admisión de la imputación, que hasta el momento no se encuentra firme.
Causa por fraude en el CM a cargo de otro Juzgado
La citada causa penal recayó en el Juzgado Penal de Garantías N° 7 a cargo de Miguel Palacios, quien luego de admitir la imputación y procesar a los investigados, se apartó del caso argumentando que existían causales de inhibición en atención a su vinculación con la abogada Vega, que ejerce la defensa de la jueza Peralta.
De esta forma el curso normal de la causa se ve embarrado por una recusación contra el agente fiscal del caso y, también por la inhibición del magistrado que había sido sorteado inicialmente para entender en la causa.
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Tras la inhibición de Miguel Palacios se realizó un nuevo sorteo y la causa recayó esta vez en el Juzgado Penal de Garantías N° 12, que está a cargo de Francisco Acevedo, quien por encontrarse de vacaciones está siendo interinado por su colega Rodrigo Estigarribia, del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.
El juez Estigarribia no cuestionó la inhibición de su colega Palacios, y se declaró competente en la causa. No obstante, la competencia del Juzgado de Garantías N° 12 aún no se encuentra firme.
JEM debe comunicar desafuero de magistrada
Al momento de presentar su imputación, el fiscal Leonardi Guerrero había solicitado al juzgado que comunique el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) el pedido de desafuero contra la jueza Librada Peralta, de Pedro Juan Caballero, en el marco de que se la está investigado por un supuesto fraude en concurso para cargo en la judicatura.
Al respecto, el JEM resolvió el jueves pasado retirar la inmunidad de proceso a la magistrada Librada Peralta, pero sin aplicar la suspensión de la misma.
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Fuentes del Jurado informaron que la comunicación, relacionada a que se le retiraron los fueros a la jueza pedrojuanina Librada Peralta se haría recién en el transcurso de este miércoles, debido a que no todos los miembros del órgano extrapoder estamparon sus respectivas firmas en el acta y el documento que comunicaba la situación de la jueza.
Imputación por fraude en el Consejo de la Magistratura
El Ministerio Público indaga el caso en el que, con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, los imputados habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos.
Entre estos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de Escuela Judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y también certificados de especializaciones.
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Finalmente, la hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial, ya que ambos habrían actuado para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.