En el marco de la denuncia contra el presidente de la República, Santiago Peña Palacios, por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado (coima), tráfico de influencias y asociación criminal, el fiscal Jorge Arce solicitó informes a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), cuyo director es Óscar Orué.
En tal sentido, el representante del Ministerio Público solicitó a la institución tributaria que, en el plazo de 10 días, remita informaciones relacionadas a los movimientos tributarios de Peña registrados entre el 1 de enero de 2014 hasta el año 2026.
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Así también, entre otros datos con los que espera contar el agente fiscal están los de la fecha de inscripción en el Registro Único del Contribuyente (RUC), por parte de Santiago Peña, así como las presentaciones de sus declaraciones tributarias en el periodo referido previamente.
De la misma forma el Ministerio Público pidió a la DNIT acceso a las declaraciones presentadas en el marco del Impuesto a la Renta Personal (IRP), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los comprobantes de retención, incluso las eventuales rectificaciones que haya presentado en sus presentaciones documentales.
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Sin embargo, el pedido fiscal también abarca el acceso a información sobre la participación de Santiago Peña en sociedades comerciales, haya sido en carácter de socio, como accionista o incluso como representante legal; también, los antecedentes vinculados al mismo sobre fiscalizaciones tributarias de las cuales haya sido objeto el Peña mientras no estuvo en la función pública.
Presentaron denuncia contra el presidente Santiago Peña
El agente del Ministerio Público había señalado que la causa que le fue asignada ya estaba formada y que, la misma había ingresado a través de mesa de entrada. En tal contexto, recibió una copia del informe de Examen de Correspondencia hecho y remitido por la Contraloría General de la República (CGR), sobre las declaraciones juradas presentadas por Peña.
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Así también, una copia de la denuncia presentada por los ocho congresistas: los senadores Rafael Filizzola (PDP), Esperanza Martínez (Frente Guazú), Rubén Velázquez (Yo Creo) y Ignacio Iramain (Alianza Encuentro Nacional – EAN); además de los diputados Johanna Ortega (País Solidario), Leidy Paola Galeano Chávez (Cruzada Nacional), Raúl Benítez (Encuentro Nacional) y Adrián Darío Vaesken (PLRA).
Los legisladores de la oposición al Partido Colorado (ANR), denunciaron al mandatario Santiago Peña por la presunta comisión de los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, cohecho pasivo agravado (coima), tráfico de influencias y asociación criminal. La misma fue presentada ya en octubre de 2025.
Denuncia contra Santiago Peña por incremento patrimonial
Sobre la causa, el fiscal Jorge Arce señaló “vamos a tomar todos los recaudos correspondientes, llevar a cabo el análisis y la valoración de la información presente en la denuncia para ver cómo avanzar con la investigación”.
Reiteró en otro momento que esta es una causa ya formada y a la cual fue asignado para realizar diligencias, teniendo en cuenta que ya tiene en su poder tanto la denuncia de los senadores y diputados y también el examen de correspondencia de la Contraloría.
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Cabe recordar que, la denuncia expone supuestas inconsistencias de las declaraciones juradas de Santiago Peña, presentadas cuando ingresó a la función pública y cuando salió del ámbito. En ese sentido, los legisladores refirieron un llamativo crecimiento patrimonial de más del 1.600%, que habría experimentado entre los años 2014 y 2023, además de su vinculación con el Grupo Ueno y el escándalo de los “sobres del poder” en Mburuvicha Róga.
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El referido porcentaje relacionado al incremento patrimonial de Santiago Peña, representa el aumento de su fortuna de aproximadamente G. 1.351 millones en 2017 a más de G. 23.000 millones en 2023.
Para Contraloría hay correspondencia
El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría comentó que el análisis de correspondencia, que concluyó luego de casi ocho meses, implicó el análisis de cinco declaraciones juradas presentadas por el presidente Peña entre 2014 y 2017, cuando fue primero funcionario del Banco Central del Paraguay y luego ministro de Hacienda; y entre 2023 y 2025, tras su llegada al Palacio de López.
Un análisis de las finanzas del presidente durante su primer periodo como funcionario público, el plazo de tiempo en que fue ciudadano privado –desde 2017 hasta 2023– y su segundo periodo en la función pública al ocupar la Presidencia dio como conclusión que “existe correspondencia” entre sus ingresos y su patrimonio declarado, dijo Torres.
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Sobre la construcción de la mansión en San Bernardino, Torres dijo que la Municipalidad de esa localidad no respondió a un pedido de informes de la Contraloría, pero que documentos presentados por la empresa constructora permitieron cruzar información con las entidades financieras involucradas.
Torres señaló que el inmueble en San Bernardino no está a nombre del presidente Peña en los registros públicos, pero dijo que “hay documentación con certificación de firma” que certifica que él compró el terreno y este está en su declaración jurada.