El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú suspendió la audiencia a la exfiscala Egidia Gómez, hermana del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes; y la exjueza Isabel Bracho, procesadas por una supuesta coima para favorecer a Walter José Galindo Domínguez, condenado por narcotráfico en el caso Mercat.
En principio la diligencia estaba prevista para este martes, a las 8:30; sin embargo está pendiente de resolución en la Cámara un recurso de apelación que planteó la defensa de Gómez, con el argumento que se encuentra imposibilitada materialmente de ejercer un control serio, íntegro y efectivo de la acusación, en atención a que el Ministerio Público no remitió de forma íntegra, en bruto y en su formato original de la totalidad de los audios de las intercepciones telefónicas.
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Atendiendo que está pendiente de definición dicho recurso, el juez Humberto Otazú resolvió suspender la diligencia prevista para la fecha, hasta tanto la Cámara de Apelaciones resuelva el planteamiento de la defensa de la ex agente del Ministerio Público.
El fiscal Christian Manuel Benítez Cáceres, titular de la unidad 6 de Delitos Económicos y Anticorrupción y unidad 3 de Lavado de Dinero, presentó acusación y pide que Egidia Gómez vaya a juicio oral por la supuesta comisión de cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal. En cuanto a la exjueza Isabel Bracho y su actuaria Ruth Ferreira, solicita el sobreseimiento provisional.
Acusación contra exfiscala Egidia Gómez
Egidia Victoria Gómez Denis, de 60 años, hermana del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, dejó de ser agente de la Unidad N° 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa el 1 de setiembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia para acogerse a la jubilación.
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La acusación del Ministerio Público resalta que cuando Egidia Gómez ocupaba el cargo de agente fiscal de Villa Elisa supuestamente favoreció al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, ahora de 36 años, quien cayó preso el 13 de mayo de 2021 y condenado a 19 años de cárcel en el marco de la operación Mercat.
Galindo había sido sorprendido en posesión de cocaína y se le incautó una camioneta con la que supuestamente hacía el delivery de las drogas.
“Entre el 8 de julio y el 7 de agosto de 2021, la acusada habría sustituido los tres paquetes de cocaína incautados, que totalizaban 1.486,7 gramos, por un paquete de bicarbonato de sodio con un peso de 1.476 gramos”, dice la nota de la Fiscalía sobre la conducta desplegada por la entonces fiscala Egidia Gómez.
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“Igualmente, habría dispuesto la entrega de la camioneta Ford Ranger sin realizar diligencias investigativas ni requerir documentación que acreditara la titularidad del rodado. Posteriormente, solicitó el sobreseimiento provisional del imputado en la causa”, añade la información oficial.
Entre las evidencias a ser expuestas en un eventual juicio oral, constan también audios grabados con autorización judicial.
Sobreseimiento provisional para exjueza del caso Mercat
En el mismo requerimiento conclusivo contra Egidia Gómez, el Ministerio Público pidió también el sobreseimiento provisional para Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, de 58 años, quien era jueza penal de Garantías 2 de Lambaré hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando la Corte también aceptó su renuncia.
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El fiscal Christian Benítez requirió la misma salida para la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, de 39 años, quien trabajaba en el despacho de Isabel Bracho y que está suspendida por la Corte desde el 19 de noviembre de 2025.
Ambas fueron imputadas también por su supuesta participación en la trama para favorecer a Galindo. Entre todas se habrían beneficiado con el cobro de unos 50.000 dólares para conceder medidas al narcotraficante.
“Aún existen diligencias pendientes para determinar si ambas habrían intervenido en actuaciones judiciales que favorecieron al imputado con medidas alternativas a la prisión preventiva y posteriormente con una salida procesal”, dice la justificación de la Fiscalía sobre el pedido a favor de estas dos.
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“Si bien la investigación cuenta con indicios, entre ellos audios de conversaciones de terceras personas que hacen referencia a una supuesta entrega de dinero, el fiscal indicó que todavía no se dispone de elementos testimoniales que permitan corroborar dichos extremos”, detalla el comunicado.
“Entre las diligencias pendientes figuran una pericia acústica sobre los audios incorporados a la causa y la declaración de funcionarios del Poder Judicial, además de otras actividades investigativas que deberán desarrollarse durante la etapa de sobreseimiento provisional”, concluye la información oficial.