Las comisiones vecinales se encuentran en estado de alerta debido a una disposición del Presupuesto General de la Nación (PGN) que, según denuncian, asfixia los proyectos comunitarios. Mariano Bareiro, de la Federación de Comisiones Vecinales, y Alejandro Arce, presidente del Consejo de Coordinadora de Comisiones Vecinales de Asunción, aclararon durante una entrevista por ABC TV que el proyecto de ley presentado por la senadora Lizarella Valiente y advirtieron sobre el peligroso freno que sufren los 263 municipios del país.
Los líderes barriales explicaron que existe una confusión originada en el propio Senado, donde se instaló la idea de que la propuesta legislativa busca “caer bien” a las ONG mediante una supuesta flexibilización de la ley de control a las Organizaciones de la Sociedad Civil, conocida como ley anti-ONG.
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Aclararon que la iniciativa ataca directamente un artículo del Presupuesto que hoy obliga a pedir autorización al MEF para poder invertir recursos genuinos en mejoras comunitarias.
Una centralización “bárbara” que obstaculiza obras
El conflicto real radica en el inciso 4 del artículo 7 de la Ley del PGN vigente. Esta normativa obliga a todos los gobiernos municipales y departamentales a informar y obtener el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes de transferir cualquier aporte a las comisiones vecinales, bajo el argumento de evitar una “doble transferencia”.
Mariano Bareiro calificó esta medida de “barbaridad” y cuestionó el llamativo silencio de los intendentes de todo el país.
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“A mi me preocupa que los intendentes de los 263 municipios, muchos de los cuales buscan el rekutu y hablan de la importancia de la ciudadanía, no se estén preocupando por esto. El MEF tiene que dar el ‘ok’ para que los municipios puedan usar sus propios fondos genuinos. Con esto, antes de aprobar una obra comunitaria en una compañía alejada, tiene que opinar la gente del Ministerio de Economía, desde Asunción, si esa obra es factible o no”, expresó Bareiro.
Vecinos voluntarios ahogados en papeles
Por su parte, Alejandro Arce mencionó que las comisiones vecinales dependen directamente de estos fondos municipales para la construcción de muros de contención, plazas y arreglo de calles. Arce recordó que las comisiones están conformadas por trabajadores y que el actual exceso de exigencias de documentos ya resulta insostenible.
“¿Por qué a nosotros nos exigen todo esto si somos voluntarios y no manejamos dinero? El dinero va directo a las constructoras encargadas. Hay presidentes de comisiones de barrios vulnerables, como la Chacarita o los Bañados, que no tienen ni para su pasaje, y ahora se les incrementan trámites burocráticos como si fueran grandes corporaciones”, lamentó Arce.