Según trascendió, la hermética reunión privada entre los altos mandos del IPS y la Fiscalía General fue por la deuda impaga de más de G. 10.000 millones por la ocupación de un edificio ubicado en Nuestra Señora de la Asunción casi Víctor Haedo.
De acuerdo a lo que indicaron altos mandos, en el encuentro de esta mañana nuevamente Rolón Fernández manifestó su predisposición para honrar el compromiso atrasado.
¿Qué acordaron sobre esta deuda?
Además del monto total, las autoridades acordaron que la Fiscalía se hará cargo del mantenimiento del inmueble, pero lo invertido será reconocido como parte del pago del alquiler de los siguientes meses, que asciende a 300 millones de guaraníes mensuales.
Para ello, el Ministerio Público deberá presentar facturas que justifiquen las refacciones, como la reparación de ascensores y otras mejoras edilicias. La principal justificación para esta concesión es que la previsional está imposibilitada a encargarse del mantenimiento debido a lo establecido en su Carta Orgánica.
Este entendimiento deberá ser aprobado por el Consejo de Administración, pero se espera que el conflicto se solucione antes del mes de julio, según trascendió.
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Una falsa promesa
Ya pasaron más de dos años desde la firma de un acuerdo para honrar esa deuda, por parte de Rolón Fernández y el entonces presidente Jorge Brítez. Sin embargo, pese a las promesas, la deuda siguió sin ser honrada.
En esa ocasión, se indicaba que el monto atrasado correspondía al alquiler desde enero del 2016 hasta junio del 2023 y ya alcanzaba los 18.000 millones, pero se acordó perdonar los intereses.
Aparentemente, ahora la deuda rondaría los 10.000 millones.
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¿Y los demás temas de agenda?
La reunión fue sumamente breve, por motivos que se desconocen y, según los datos confirmados, no se habló de los demás temas importantes que hay en agenda común, como la gran cantidad de irregularidades que está detectando el doctor Fretes en la administración de la previsonal.
Tampoco se habría hablado del plazo impuesto por la Fiscalía al IPS para que entregue la copia autenticada de la sesión en que el exdirector jurídico José “José’i” González delató que el presidente de la República, Santiago Peña, digitó una quita exprés de G. 3.281 millones a favor de una empresa.
La previsional reclamaba originalmente, a inicios de 2024, G. 10.781 millones para luego acordar, en julio de ese mismo año, apenas G. 7.500 millones.