Sara Andrea Irala Zárate, procesada por la supuesta comisión de los hechos punibles de violación del deber del cuidado de ancianos o discapacitados y lesión de confianza, ya puede ingresar desde hoy al Hogar de Ancianos “El Balcón de la Luna” ubicado en las calles Luis Alberto del Paraná casi Tajy del barrio Kennedy de Capiatá.
La mujer, propietaria del mencionado albergue para adultos mayores, fue detenida el 12 de mayo pasado durante un allanamiento al hogar a su cargo, realizado por el fiscal de San Lorenzo Gerardo Chamorro Ortega. La Fiscalía fue alertada por funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre retiros irregulares y el intento de solicitar un PIN de transacciones para extraer G. 50 millones de un adulto mayor que había fallecido por parte de la sospechosa.
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Supuestamente, mientras Zelada agonizaba, Irala hizo 15 extracciones consecutivas de su cuenta del Banco Nacional de Fomento (BNF) e incluso ya después de que su paciente murió ella intentó sacar toda la plata que quedaba, aunque los funcionarios del banco bloquearon la cuenta al darse cuenta de lo que estaba pasando.
Siempre según la imputación, Irala ni siquiera avisó a los familiares del abuelito que este había fallecido, presuntamente como para ganar tiempo mientras retiraba todo su dinero del banco.
Medidas establecidas para dueña de hogar de adultos mayores de Capiatá
Al inicio del proceso, la jueza penal de Garantías de San Lorenzo María Elena Cañete decretó la prisión preventiva de la mujer a pedido de la Fiscalía.
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El 18 de mayo la mujer fue beneficiada con arresto domiciliario, que el 18 de junio quedó sin efecto, a condición del cumplimiento de una serie de medidas, entre ellas la prohibición de acercarse al lugar de los hechos en un radio menor a 1.500 mts, a la redonda.
Hoy, a pedido de la defensa que alegó necesidad de ejercer la administración del hogar, la jueza Cañete dejó sin efecto la restricción citada anteriormente, a través del auto interlocutorio (A.I.) N°: 1388.
Prohibición de salir del país y de cambiar de domicilio sin autorización del Juzgado; prohibición de portar cualquier tipo de armas, del consumo en exceso de bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes son las únicas restricciones mantenidas por la magistrada.
Asimismo, la procesada debe presentarse mensualmente ante el juzgado, que mantuvo además la fianza real de un inmueble de Capiatá, propiedad de la imputada Sara Irala Zárate establecida en la suma de G. 200 millones.
Tras “rebotar” en el BNF, procesada realizó 15 retiros del cajero y disparó alerta bancaria
Según los datos obtenidos con la investigación, Aurelio Zelada, de 72 años, ingresó al hogar de Irala en diciembre de 2023 y en 24 de enero del 2025, supuestamente otorgó un Poder General Amplio a la ahora procesada, que le permitió administrar y disponer de sus bienes y recursos económicos.
El 5 de abril pasado, el septuagenario ingresó al Hospital General de San Lorenzo con diagnóstico de “neumonía bacteriana”; lugar donde permaneció internado en compañía de una persona extraña al hogar de ancianos (Dionicia Ozuna). Llamativamente, los familiares del paciente no fueron informados de esta situación.
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El informe de la entidad bancaria refiere que el 8 de abril, Irala se presentó en la sucursal del Banco Nacional de Fomento de San Lorenzo utilizando la tarjeta de débito de Zelada, con la intención de retirar la totalidad de los fondos existentes en la cuenta bancaria del mismo, cuyo saldo ascendería aproximadamente a G. 50.000.000.
“Para ello, habría intentado obtener primeramente el PIN de acceso y Pin Transaccional, operación que no se pudo realizar en razón a que la misma fue requerida a que presente el certificado de vigencia del instrumento exhibido (Poder General Amplio)”, señala el informe de la entidad bancaria.
Perjuicio causado supera los G. 22 millones
“Por otro lado, intentó concretar la extracción mediante la impresión de huella dactilar del titular en el hospital, diligencia que tampoco pudo realizarse debido a que funcionarios del nosocomio manifestaron no conocerla como responsable ni acompañante del paciente, pues la misma no habría asistido al señor Aurelio Zelada ni acompañado en el Hospital señalado”, relata la imputación.
Ante la imposibilidad de acceder al dinero por las vías mencionadas, la imputación revela que entre el 6 al 9 de abril, Sara Irala procedió a realizar 15 extracciones de G. 1.500.000) cada una, totalizando un perjuicio de G. 22.500.000 y además, realizó una compra por G. 393.500 con la misma tarjeta.
El 9 de abril Sara Irala informó al gerente del BNF el fallecimiento de Zelada, oportunidad en que fue advertida de que ya no podía utilizar la tarjeta de débito ni efectuar operaciones sobre la cuenta bancaria del fallecido.
No obstante, al día siguiente la mujer nuevamente acudió a la entidad bancaria con la aparente intención de retirar la totalidad de los fondos existentes en la cuenta, por lo que la agencia generó la alerta correspondiente.
Familiares de abuelito se enteraron de su fallecimiento a través de funeraria
La imputación revela que la propietaria del asilo habría solicitado servicios funerarios a una funeraria de Ypane, incluso antes del fallecimiento de Aurelio Zelada, ocasión en que manifestó que el mismo no contaba con familiares.
Los parientes del paciente tomaron conocimiento del fallecimiento del abueltito a través de terceras personas vinculadas a la funeraria y no por comunicación de la investigada, cuando el cuerpo ya había sido retirado por la empresa.
“Finalmente, los familiares retiraron el cuerpo y afrontaron los gastos funerarios correspondientes, por lo que se concluye que la señora Sara Andrea Irala Zárate habría abusado de la relación de confianza y administración que mantenía respecto del señor Aurelio Zelada, intentando presumiblemente disponer de fondos pertenecientes al mismo en beneficio propio, incluso con posterioridad al fallecimiento del titular, ocasionando un perjuicio patrimonial de G. 22.893.500 y vulnerando los deberes de cuidado, protección, asistencia y comunicación que le correspondían respecto de un adulto mayor en situación de especial vulnerabilidad, dado que la misma no prestó asistencia económica ni logística para el bienestar del señor Aurelio Zelada, omitió comunicar a sus familiares la internación del mismo y su posterior deceso”, señala la imputación.