El allanamiento se produjo ayer de mañana en la residencia de adultos mayores denominada El Balcón de la Luna, situada en la calle Bruno Guggiari el barrio Cicomar de la ciudad de Capiatá, en el departamento Central.
El procedimiento fue efectuado por policías del Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT), aunque bajo la supervisión del fiscal de San Lorenzo, Gerardo Antonio Chamorro Ortega.
La detenida resultó ser Sara Andrea Irala Zárate, de 37 años, quien figura como dueña y responsable del asilo.
La mujer fue imputada por lesión de confianza (artículo 192) y por violación del deber de cuidado de ancianos o discapacitados (artículo 227), ambos hechos del Código Penal Paraguayo.
La jueza de San Lorenzo, María Elena Cañete Acosta, deberá decidir si admite la imputación y aplica la medida cautelar de prisión preventiva, como solicitó el fiscal.
Imputada hizo 15 extracciones consecutivas
De hecho, el acta de imputación dice que los hechos habrían ocurrido entre el 8 y el 10 de abril pasados, “en el interior del Banco Nacional de Fomento de San Lorenzo, hasta donde habría acudido la señora Sara Andrea Irala Zárate, con intención de extraer dinero con una tarjeta de débito perteneciente al señor Aurelio Zelada, ya fallecido”.
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Efectivamente, Aurelio Zelada era un paciente de 72 años que estaba depositado desde el año 2023 en el hogar administrado por la ahora imputada Sara Andrea Irala Zárate.
Según la información obtenida por la Fiscalía, “el 5 de abril de 2026, el señor Aurelio Zelada ingresó al Hospital General de San Lorenzo con diagnóstico de neumonía bacteriana, lugar donde permaneció internado en compañía de una persona extraña al hogar de ancianos, la señora Dionicia Ozuna”.
El fiscal Chamorro explica en el documento que “la señora Sara Andrea Irala Zárate no habría comunicado a sus familiares sobre la internación, estado de salud ni evolución médica, pese a encontrarse a cargo de su asistencia”.
BNF rechazó petición de extracción de fondos y alertó a la Policía
Al tercer día de internación del abuelito, es decir, el 8 de abril, la dueña del hogar de ancianos “se presentó en la sucursal del Banco Nacional de Fomento de San Lorenzo utilizando la tarjeta de débito del señor Aurelio Zelada con la aparente intención de retirar la totalidad de los fondos existentes en la cuenta bancaria del mismo, cuyo saldo ascendería aproximadamente a G. 50.000.000″.
Los empleados del banco exigieron a la mujer la documentación que la acreditaba como tutora del abuelito, pero como esta no pudo justificar esa condición, su pedido fue rechazado por la entidad.
“Por otro lado, intentó concretar la extracción mediante la impresión de huella dactilar del titular en el hospital, diligencia que tampoco pudo realizarse debido a que funcionarios del nosocomio manifestaron no conocerla como responsable ni acompañante del paciente, pues la misma no habría asistido al señor Aurelio Zelada ni acompañado en el hospital señalado”, revela la imputación.
Como no pudo sacar toda la plata del abuelito, la ahora imputada “hizo extracciones continuas de dinero utilizando la tarjeta de débito en el periodo que el señor Aurelio Zelada se encontraba internado en el Hospital de Calle’i”.
Según los registros bancarias, la mujer realizó 15 extracciones de G. 1.500.000 cada una, totalizando G. 22.500.000, así como una compra por G. 393.500.
“Posteriormente, en fecha 9 de abril del año 2026, la señora Sara Irala habría comunicado al gerente del Banco Nacional de Fomento el fallecimiento del señor Aurelio Zelada, siendo advertida de que ya no podía utilizar la tarjeta de débito ni efectuar operaciones sobre la cuenta bancaria del fallecido. No obstante, en fecha 10 de abril del año 2026, nuevamente acudió a la entidad bancaria con la aparente intención de retirar la totalidad de los fondos existentes en la cuenta”, dice en el documento del Ministerio Público.
Otra conducta llamativa desplegada por la dueña del asilo fue que “habría solicitado servicios funerarios a la funeraria San Lázaro de la ciudad de Ypané incluso antes del fallecimiento del señor Aurelio Zelada”. Es más, a los empleados de ese negocio les dijo que el fallecido no tenía familiares.
“Los parientes del señor Aurelio Zelada tomaron conocimiento del fallecimiento a través de terceras personas vinculadas a la funeraria y no por comunicación de la investigada, constatando además que el cuerpo ya había sido retirado por la empresa funeraria. Finalmente, los familiares retiraron el cuerpo y afrontaron los gastos funerarios correspondientes, por lo que se concluye que la señora Sara Andrea Irala Zárate habría abusado de la relación de confianza y administración que mantenía respecto del señor Aurelio Zelada, intentando presumiblemente disponer de fondos pertenecientes al mismo en beneficio propio, incluso con posterioridad al fallecimiento del titular”, se lee en la parte final de la imputación.