La defensa del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre, confirmó que el conocido exanimador de televisión se entregará en las próximas horas para cumplir la pena de 10 años de prisión que pesa en su contra.
Esto se da tras la orden emitida por el juez de Ejecución Carlos Mendoza, quien solicitó la inmediata captura del exjefe departamental y de otros cuatro condenados dentro de la causa que investigó el millonario desvío de fondos destinados a paliar la crisis sanitaria del COVID-19.
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El abogado Bernardo Villalba reveló que él mismo se encargó de comunicarle la noticia a su cliente y aconsejándole que “prepare el bolsón” para presentarse ante las autoridades policiales.
El profesional del derecho aseguró de forma tajante que González nunca contempló la posibilidad de fugarse o esconderse de la Justicia paraguaya. Mencionó que, desde que recuperó la libertad, no pesaban sobre él restricciones migratorias ni de la Policía Nacional que le impidieran salir del país si así lo hubiese deseado.
Inconstitucionalidad en marcha sin freno a la condena
Pese a que acatarán el mandato judicial, la representación legal del denominado “Número 2” remarcó que continuará batallando en los estrados judiciales para intentar revertir la Sentencia Definitiva N° 12, dictada en enero de 2025 por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.
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Villalba explicó que promovieron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia tras el rechazo in limine de la casación; sin embargo, aclaró que dicho recurso no suspende la ejecución de la pena de prisión, por lo que el exgobernador debe ingresar a una celda mientras se resuelve la última instancia.
La defensa califica esta condena como un despropósito jurídico, y expresó que, dentro del expediente judicial obran dictámenes del propio Ministerio Público que supuestamente descartan la existencia de un daño al patrimonio del Estado, según expresó en una entrevista por la 1020 AM.
En ese sentido, el letrado sostuvo que las pericias contables y los relevamientos de obras presentados por la Fiscalía demuestran la ejecución de los proyectos, al igual que los documentos de rendición de cuentas que contaron con la aprobación de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
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El trasfondo del desvío en plena pandemia
La condena de 10 años de privación de libertad dictada contra Hugo Javier González responde a los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
La investigación judicial comprobó la existencia de un esquema de “obras fantasmas” que provocó un perjuicio económico de G. 5.105 millones a las arcas de la Gobernación de Central, mediante la transferencia irregular de fondos de emergencia concedidos durante el periodo de crisis por la pandemia.
A la par de la detención del exgobernador, la orden dictada por el juzgado de Ejecución alcanza a otros cuatro procesados en el mismo expediente que integraban su círculo de confianza institucional.
