Decenas de comerciantes informales, dedicados principalmente a la venta de minutas y alimentos en las inmediaciones del Hospital de Especialidades Quirúrgicas Ingavi del Instituto de Previsión Social (IPS), enfrentan un panorama de incertidumbre.
A través de una Notificación de Desocupación de Espacio Público emitida por la Municipalidad de Fernando de la Mora, la Comuna otorgó un plazo perentorio e improrrogable para despejar las aceras y calzadas de las calles Capitán Rivas y sus adyacencias.
Las opiniones entre los propios permisionarios y vendedores de la zona están divididas. Domingo Areco, uno de los trabajadores entrevistados por ABC TV, reconoció que la intervención municipal surge debido a que varios comerciantes no respetaron las pautas iniciales de convivencia.
Según explicó, inicialmente la Comuna fernandina les había delimitado un espacio de cuatro metros a cada comerciante. Sin embargo, con el tiempo, diversos vendedores terminaron invadiendo áreas como rampas de accesibilidad, bajadas de pacientes e ingresos de ambulancias.
“Hay personas que, a pesar de que tienen casillas, igual están ocupando lugares no establecidos donde deben bajarse personas enfermas o en ambulancia. Eso es sentido común nomás. Nosotros habíamos pedido ayuda para organizar a la gente, pero lastimosamente no se quieren adecuar y no podemos usar la fuerza. No es justo que por culpa de un pequeño grupo tengamos que perder todos nuestros puestos de trabajo”, manifestó Areco.
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Décadas de trabajo informal y reclamos de reubicación
Por otro lado, la desesperación afecta principalmente a trabajadoras de mayor antigüedad, que aseguran haber estado instaladas en el lugar mucho antes de la construcción del actual hospital, cuando aún funcionaba la antigua clínica periférica.
Marta Cáceres, quien afirmó contar con 27 años de presencia continua en el sector, denunció que las exigencias no se aplican de manera uniforme y criticó que se pretenda desplazarlas hacia zonas alejadas sin afluencia de personas.
“La notificación nos dio ocho días de plazo que se cumplieron el lunes. Nos quieren mandar hacia más atrás, donde no hay nada ni nadie. Todos los doctores y enfermeros que siguen vivos desde la pandemia me conocen de hace años. Si vienen con un camión a sacarnos, nos iremos más atrás por nuestra cuenta, pero no es justo”, reclamó Cáceres.
En la misma línea se pronunció Virginia Duarte, comerciante domiciliada en Areguá que viaja diariamente desde la medianoche para iniciar la preparación de sus productos a la 01:00 de la madrugada frente al centro asistencial desde hace 23 años.
“Nos levantamos a la una de la mañana para trabajar. ¿Qué vamos a hacer si nos sacan? Vamos a irnos y después vamos a venir otra vez, porque tenemos que trabajar, ¿o quién nos va a mantener? No tenemos sueldo ni ellos nos van a dar un trabajo. ¿Por qué le molestan a la gente que trabaja?”, cuestionó la vendedora.
Plazo vencido y temor a un desalojo por la fuerza
A pesar de que el plazo legal de ocho días estipulado en la cédula de notificación venció al inicio de esta semana, hasta el momento los vendedores continúan apostados en sus puestos a la expectativa de un eventual procedimiento de fuerza pública o el inicio de una mesa de diálogo que permita su ordenamiento territorial sin privarlos de su única fuente de sustento económico.