La nota remitida por el titular de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, es una contestación a un pedido de informe realizado por la Comisión Especial de Investigación de la Trama Delictiva denominada Mafia de los Pagarés el 12 de mayo del año pasado.
Ante la falta de respuesta de la máxima instancia judicial, el senador Filizzola reiteró la petición el 5 de noviembre de 2025 y 23 de enero y por última vez, el 24 de marzo pasado.
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“La persistencia de esta situación no solo obstaculiza el normal desarrollo de las tareas investigativas encomendadas a esta Comisión por el Senado, sino que además compromete la eficacia de los mecanismos de control institucional sobre procesos jurisdiccionales respecto de los cuales existen indicios consistentes de irregularidades”, resaltó Filizzola en el último urgimiento.
Comisión de investigación de la mafia de los pagarés indaga juicios a enfermeras
El pedido de informe es principalmente en relación a los juicios ejecutivos contra enfermeras del Hospital de Clínicas, promovidos por la extinta Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) e impulsados por la abogada Lourdes Aranda, con intervención del abogado Fabio Molinas (en su rol de oficial de Justicia y en ocasiones de demandante) y su esposa Julia Mabel Acosta (demandante).
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La presentación indica que las auditorías realizadas han detectado irregularidades en distintos expedientes que actualmente, se encuentran en estudio para la eventual adopción de las medidas pertinentes. Los juicios que se encuentran bajo investigación corresponden a los años 2013, 2016, 2018 y 2024.
La abogada Diana Vargas, directora de la comisión, explicó que lo relevante del reporte es que, conforme a los hallazgos de las auditorías requeridas por la Comisión Especial, se han dispuesto investigaciones disciplinarias a los magistrados Martin Diego Acosta Conde, Edgar Rivas Laguardia, Heinrich Fabian Von Lucken, Alejandra Magalí Zavala, Liz Carina Caballero Montiel, Juan Andrés Martínez Zárate, atualmente en curso.
Igualmente están bajo investigación las actuaciones de los ujieres Edith Retamozo Riveros, Jaime Galarza Armoa, Ángela Báez Otazo.
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La Corte informa además que algunas investigaciones se han archivado por extinción de la potestad disciplinaria debido a la renuncia de los funcionarios judiciales denunciados, como la actuaria Gina María Edith Galluppi Peña, José Vicente Franco, Diego Luis María Caballero González, Lidia Cristina Gómez de Delfino, Dalida Cristina Ojeda Haueisem y Hugo César Villalba Cañete.