Un grupo de pobladores de este municipio presentó un pedido urgente de intervención ante la Junta Municipal, debido a los constantes e intensos ruidos molestos registrados en una estación de servicios, ubicada sobre el ramal que conduce a Acahay.
Según la denuncia presentada ante el órgano legislativo, la problemática se genera habitualmente durante las noches y madrugadas, con mayor intensidad los fines de semana.
Las personas concurren al lugar con vehículos equipados con potentes sistemas de sonido, que reproducen música a alto volumen durante períodos prolongados, perturbando la tranquilidad de los pobladores del barrio Virgen del Carmen.
Lo que agrava sustancialmente el reclamo es la cercanía de un centro asistencial privado, donde se encuentran pacientes internados. Esta situación perjudica las condiciones necesarias para el descanso y la recuperación de los enfermos.
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Piden intervención municipal y policial
En la nota presentada ante la Junta Municipal, los afectados recalcan que agotaron las instancias previas de diálogo con los responsables de la estación de servicios, sin obtener resultados favorables.
Ante esta situación, solicitan a las autoridades de la Municipalidad local la realización de controles nocturnos, la medición oficial de los decibelios y la ejecución de intervenciones conjuntas con la Policía Nacional, a fin de aplicar las sanciones previstas en la Ley N.º 6390/2019, que regula la emisión de ruidos, y en las ordenanzas municipales vigentes.
Los denunciantes cuestionan la falta de cumplimiento de la Ley N.º 1100/97, cuyo objetivo es prevenir la polución sonora en la vía pública, plazas, parques, paseos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes deportivos y sociales, así como en toda actividad pública y privada. La normativa establece que la autoridad de aplicación es la municipalidad.
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Finalmente, la denuncia señala que la Ley N.º 6390/2019 establece que la Policía Nacional es autoridad competente para intervenir ante emisiones de ruidos en la vía pública, ya sea de oficio o por denuncia. La normativa obliga a los efectivos policiales a comprobar los hechos mediante la medición del sonido y, en caso de constatarse polución sonora, a hacer cesar o impedir las emisiones de forma inmediata.