Para miles de jóvenes en Paraguay, la universidad sigue siendo la gran bisagra hacia un futuro mejor. Graduarse de la carrera soñada representa la oportunidad de acceder a becas en el exterior, dar los primeros pasos profesionales en el país y adquirir herramientas para transformar sus propias comunidades.
Sin embargo, ese horizonte de anhelos choca contra un campo de juego profundamente desigual. Mientras miles se sacrifican en las aulas, el sistema educativo y la clase política se ven sacudidos por un escándalo constante: diplomas apócrifos y carreras bajo sospecha en áreas tan sensibles como el Derecho y las Ciencias de la Educación.
Pagar seis pasajes diarios, dudar del futuro, pero mirar con esperanza. En este Día de la Juventud —que se celebra este 21 de septiembre con la llegada de la primavera—, te mostramos las historias de estudiantes que no solo resisten cada día en busca de oportunidades, sino que exigen una educación de calidad, libre de impunidad y con títulos reales.
El costo invisible: transporte, precarización y discriminación
A 27 kilómetros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) – donde en 2020 juró Hernán Rivas como “juez de jueces”, bajo sospechas de contar con un título falso de abogado-, se encuentra la comunidad Mbya Guaraní de Tarumandy, en la ciudad de Luque. Allí vive Damiana Rivarola, una joven indígena que representa la otra cara de la educación en el país.
Damiana tiene 34 años de edad y cursa el tercer año de la carrera de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Cada día debe esperar el único colectivo interno que la lleva hasta el centro de Luque y de ahí trasladarse hasta el campus de San Lorenzo. Invierte seis pasajes al día para estudiar y muchas veces, pasa más tiempo en el bus que en las aulas.
“Si no tuviera una beca, no iba a poder continuar”, confiesa. “Hay compañeros que no tienen ni para comer y se sacrifican muchísimo. Algunos ndorekói ysy ha itua oapoyaba chupe (no tienen a su madre ni a su padre para que los apoyen). Mientras tanto, el sistema te cobra hasta para expedir el título)”, remarca.
La resistencia indígena frente a la discriminación en la educación superior
A los obstáculos económicos y geográficos se suma una barrera aún más dolorosa: la discriminación por su origen. En el ámbito universitario, el prejuicio étnico aflora con comentarios despectivos que buscan desalentar el acceso de los jóvenes de pueblos indígenas a la educación superior.
“Por ser indígena en primer lugar. Porque no va a saber luego nada, pea ndoaprendemo’ãi, ndaikuaái mba’épa he’ise (no va a aprender, no sabe lo que significa), o sea indígena ndoikeiarã la facultad-pe (dicen que el indígena no tiene que ingresar a la facultad)”, relata.
Pero las barreras económicas y la discriminación estructural no frenan la meta de Damiana, que permanece intacta. Graduarse para seguir ayudando a su comunidad y defender los derechos de su pueblo. “Mediante el título, cuando termine voy a tener todos los derechos para hablar y defender a mi pueblo. Siempre pienso más en mi comunidad que che rogapýpe (que en mi hogar)”, sostiene la joven con toda la convicción del mundo.
Títulos apócrifos y privilegios: la impunidad que indigna a las aulas
Mientras que para miles de jóvenes cada pasaje cuenta para no perder una clase, en los pasillos del poder político partidario, las reglas operan con otra lógica. El contraste es obsceno al considerar el caso del exsenador cartista Hernán Rivas, quien llegó a presidir nada menos que el JEM ostentando un diploma de abogado de la Universidad Sudamericana, sospechado de falsificado.
De hecho, esta semana resulta crucial en el juicio oral y público que enfrenta el exparlamentario por la presunta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía sostiene que Rivas jamás cursó la carrera de Derecho entre 2010 y 2015 en la Universidad Sudamericana, y que se utilizaron documentos apócrifos y sin registros de trazabilidad académica para tramitar su matriculación ante la Corte Suprema de Justicia y proyectarlo al cargo en el JEM.
Se espera que hoy, 21 de setiembre, la Fiscalía presente sus alegatos finales, siempre y cuando no surjan diligencias imprevistas en el marco de este proceso, según indicaron los agentes que llevan esta causa adelante.
El escándalo de Rivas es hoy la manifestación más visible de un problema sistémico que salpica directamente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES). Durante años, la falta de controles rigurosos y las ventanas de complicidad permitieron el registro masivo de títulos dudosos y la habilitación de carreras en universidades de “garaje”. Solo en el MEC, la investigación a cargo de la fiscala Teresa Sosa sospecha de la existencia de 1.500 diplomas falsificados.
El mapa de la desigualdad universitaria en Paraguay:
- Para los estudiantes de a pie: Afrontar hasta seis pasajes diarios, cuotas asfixiantes y la incertidumbre de no saber si su carrera estará habilitada.
- Para la clase política: Accesos acelerados a cargos de poder ostentando títulos bajo sospecha de falsificación o expedidos por instituciones “garaje”.
- El reclamo de las aulas: Transparencia inmediata, fiscalización efectiva y garantías de que el esfuerzo académico tenga un valor real.
“Que den seguridad”: la respuesta estudiantil ante la proliferación de la oferta dudosa
La incertidumbre de estudiar una carrera en una dudosa institución o contar con un diploma que al final no sirva, golpea la realidad cotidiana de estudiantes que intentan construirse una vida con honestidad. Thiara Pérez, vocera de la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y alumna de un colegio público en Itacurubí de la Cordillera, afirma que la amenaza de ofertas académicas dudosas no es solamente un titular que observa siempre en la prensa, sino una experiencia cercana.
“Tengo un pariente que estudió una carrera y en su último año, descubrió que su carrera no estaba siendo acreditada por la Aneaes (Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior), entonces tuvo que trasladarse únicamente a otra institución para seguir esa especialidad”, lamenta.
La joven líder es tajante y alza la voz al respecto, con un mensaje directo a las autoridades. “Que den seguridad a los estudiantes, seguridad en cuestiones de que haya carreras que realmente abran las puertas a personas que se merecen. Por sobre todo que brinden esa seguridad de que sus títulos o sus acreditaciones son reales”, dice.
Luego, sentencia que si hay carreras que no cumplen con estos requisitos, que “cierren” y que dejen de “despistar” a los jóvenes que buscan capacitarse para encontrar un empleo, desarrollarse en la vida y ayudar a los otros. “Yo sé que las cosas no están bien en salud últimamente, pero mi sueño es estudiar Medicina, ayudar a los otros y, por sobr todo, ser y marcar una diferencia”, expresa la cordillerana.
Colegios sin recursos y títulos en duda: el doble filtro que frena a la juventud paraguaya
Tamara Ruiz Díaz también es vocera de la Unepy. Es alumna de Administración de Negocios en la Escuela Nacional de Comercio N° 1 de Asunción, y cuando termine la Educación Media, desea inscribirse al Instituto Superior de Bellas Artes para estudiar Arte Audiovisual. “Formo parte de una organización feminista, Kuña Sorora, donde me dan la oportunidad de realizar vídeos y esas cosas, es algo que me gusta”, cuenta.
Afirma que la educación paraguaya está a pique. “Me encuentro con gente que es de la escuela pública como yo, pero también con muchos que vienen de colegios privados y la preparación que ellos tienen es totalmente distinta a lo que nosotros tenemos y eso ya es una desventaja para ingresar a la universidad”, alega. También recuerda la realidad de miles de instituciones educativas de gestión oficial, que se manejan sin recursos durante todo el año lectivo y sobreviven en medio de múltiples precariedades.
La estudiante es sincera con respecto a su futuro más próximo. “Tengo miedo de dedicarme cuatro o cinco años a una carrera que capaz no funcione, que no esté habilitada o acreditada”, señala.
Con respecto a casos como el de Hernán Rivas y a los títulos falsos en el país, asegura que es “totalmente injusto que nuestro Gobierno deje todo eso impune, sabiendo que hay personas que se matan estudiando para con honestidad y que gente que está en el poder se aproveche; gente que nunca pisó un aula, que nunca viola realidad de nuestro país, pero que ocupan cargos”.
Las demandas de la juventud
- Cierre de instituciones irregulares: Que el CONES y la ANEAES clausuren las carreras que no cumplan con la acreditación para evitar engañar a los jóvenes.
- Seguridad de acreditación: Garantías públicas de que los diplomas emitidos habilitan formalmente para el ejercicio profesional.
- Nivelación pedagógica: Reducir la brecha entre los colegios públicos sin recursos y las exigencias de los exámenes de admisión universitaria.
Credencialismo y mercado de papel: la mirada experta sobre el colapso universitario
Para el especialista e investigador en educación superior Jorge García Riart, la proliferación de títulos apócrifos y la degradación de las carreras universitarias no son meros desvíos administrativos, sino la consecuencia directa de un modelo distorsionado, que es el credencialismo. Este fenómeno convierte al cartón académico en un fin en sí mismo —un requisito formal para acceder a puestos de poder o escalar en la función pública— desvinculándolo por completo del conocimiento real, la investigación y las competencias profesionales.
García Riart advierte que la mercantilización de la educación superior, sumada a la debilidad histórica de los órganos de control como el CONES y la ANEAES, crearon el caldo de cultivo ideal para que florezcan instituciones dedicadas a la venta implícita de títulos. En este esquema, el valor de la formación profesional se deprecia a escala masiva. “El 80% de las ofertas está en manos del sector privado, que es el que finalmente termina manejando la información sobre el sistema o subsistema de educación superior”, analiza.
Indica que, precisamente una institución o agencia que ofrezca una información constante, tanto para jóvenes como para profesionales o investigadores en el sector es urgente para sanar y transparentar todo el sistema, es urgente. “Puede servir para que el mismo Estado tome decisiones en materia de políticas públicas”, agrega.
El investigador espera un resultado “aleccionador” para todas las personas involucradas en los títulos falsos. “Tiene que ser ejemplificante para devolver la credibilidad y la confianza en la educación superior”, manifiesta.
Las consecuencias del “credencialismo” según la mirada experta:
- El cartón como salvoconducto: El título se convierte en un simple requisito burocrático para escalar en el Estado, desvinculado del saber real.
- Mercantilización de la oferta: El 80% de la educación superior está en manos del sector privado, condicionando el flujo de información y control.
- Devaluación del mérito: Se castiga directamente al profesional que se formó con rigor mientras florecen instituciones dedicadas a la venta de títulos.
- Urgencia de un castigo aleccionador: Decisiones judiciales ejemplares para devolver la fe pública y la credibilidad al sistema académico.