La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), remitió hoy un informe al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), sobre la situación de las ofertas académicas que están acreditadas o que, al menos, se presentaron a los procesos para ser evaluados hasta el 13 de julio del 2026, fecha tope establecida por la entidad.
El documento está firmado por el presidente de la Agencia, José Duarte Penayo, quien detalla que brindaron datos por institución, carrera, sede o filial, modalidad y estado frente a los procesos de evaluación y acreditación.
“El sistema paraguayo de educación superior habilita mucho más de lo que evalúa”, indica el reporte de la Agencia. Es que a la fecha de corte - 13 de julio-, funcionan 2.565 carreras de grado habilitadas y vigentes, todas ellas alcanzadas por la obligatoriedad de la acreditación, tanto por el Artículo 2° de la Ley N° 2072/2003 de la Aneaes o por la resolución 195/2016 que lo reglamenta, según la entidad acreditante.
Sin embargo, de las 2.565 ofertas, sólo 456 cuentan con acreditación vigente y otras 376 se encuentran en proceso. O sea, apenas 17,8% de las carreras tienen acreditación, pese a que el MEC estableció que para el 2028, las carreras que no estén acreditadas no podrán registrar títulos de grado.
Rumbo al 2028: La regla que dejará sin título a miles de egresados
La obligatoriedad no es una novedad, dice la Aneaes, pues rige desde 2003 por ley y desde 2016 por reglamento, que son las normativas citadas más arriba. “Lo nuevo es la consecuencia, es decir, el no registro de títulos, que el MEC fijó para 2028. Por ende, este informe individualiza, carrera por carrera y sede por sede, quiénes cumplen y quiénes no”, afirman.
A continuación, citamos algunos números que certifican la gravedad de la situación de la educación superior en Paraguay:
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- 2.109 carreras, el 82,2% de la oferta, no podrían registrar hoy los títulos que emiten.
- 87 carreras se inscribieron sólo a instancias formativas o diagnósticas, que no conducen a la acreditación. Las restantes 1.646, el 64,2%, no están ni acreditadas ni inscriptas.
- 1.504 carreras, el 58,6% del universo, nunca se presentaron a proceso alguno de evaluación ante la Agencia. No fueron evaluadas y no acreditadas: nunca fueron miradas.
- La brecha se concentra en el sector privado: la gestión pública acredita el 37,6% de su oferta; la privada, solamente el 10,9%.
- 10 instituciones concentran 1.027 de las 1.646 carreras no inscriptas, el 59,3% del incumplimiento.
El déficit absoluto se concentra en cuatro titulaciones de alto volumen: Administración de Empresas (179 carreras no inscriptas), Ciencias de la Educación (151), Contaduría Pública (135) y Derecho (104). “En conjunto suman 569 carreras, más de un tercio del incumplimiento total”, explican desde Aneaes.
Crisis universitaria en Paraguay: las recomendaciones de Aneaes
- Ante la numerosa cantidad de carreras cuya calidad no está certificada legalmente, la Aneaes recomienda al Cones y al MEC que tomen las medidas correspondientes, como:
- La verificación de la situación académica, administrativa y de funcionamiento efectivo de todas las carreras de Obstetricia habilitadas que no cuentan con acreditación vigente ni se encuentran actualmente incorporadas a procesos de evaluación ante la Aneaes.
- La realización de procedimientos de fiscalización y, cuando corresponda, verificaciones in situ, especialmente respecto de aquellas instituciones que cuentan con egresados y títulos registrados y que nunca han sometido sus carreras a procesos de evaluación externa.
- La intimación a las instituciones alcanzadas por la obligatoriedad legal de la acreditación para que regularicen su situación e ingresen a los procesos de evaluación correspondientes.
- La apertura de las investigaciones y procedimientos administrativos pertinentes cuando existan indicios de incumplimiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento de las carreras de educación superior.
- La adopción, cuando las circunstancias y el marco jurídico aplicable así lo justifiquen, de medidas preventivas, cautelares, correctivas o de intervención dentro del ámbito de competencia del CONES, destinadas a proteger a los estudiantes, egresados y usuarios del sistema de salud.
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“También se recomienda la aplicación de las medidas y sanciones previstas en la normativa vigente en aquellos casos en que, como resultado de las actuaciones realizadas, se comprueben incumplimientos de las obligaciones legales y reglamentarias”, apuntaron desde la Agencia.
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La consecuencia máxima de intervención podría derivar en el cierre o clausura de una o más carreras de una universidad o instituto de educación superior.