Fiscalía: cobrar una bonificación con título falso es un “plus” al hecho punible

Montaña de diplomas universitarios presuntamente falsos.
La Fiscalía solicitó al MEC y al Cones, impulsar una acción judicial con las universidades para dejar sin efecto los títulos apócrifos de 144 docentes. Así el Estado luego puede cancelarles la matrícula. Internet

El cobro de una bonificación en la función pública mediante un documento falso podría agravar la situación de los involucrados en la causa que investiga la Fiscalía. La fiscala Teresa Sosa señaló que percibir un monto que no corresponde constituye una consecuencia adicional al hecho punible contra la prueba documental.

La fiscala Teresa Sosa solicitó al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) impulsar acciones judiciales con las universidades para dejar sin efecto los diplomas falsos vinculados a 144 docentes.

De acuerdo a la Fiscalía, el objetivo es sanear los registros públicos y permitir posteriormente que el Estado cancele las matrículas correspondientes.

Según explicó Sosa esta mañana, durante la investigación se detectaron títulos y certificados de estudio que no son auténticos. Ante esta situación, la agente fiscal pidió avanzar en cancelar la validez de estos documentos para evitar que continúen produciendo efectos jurídicos.

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Fiscalía busca dejar sin validez diplomas falsos

Sosa señaló que la solicitud responde a la necesidad de “sanear” los registros públicos ante las dudas existentes sobre la autenticidad de los documentos.

En ese sentido, informó que también requirió a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), institución vinculada a los 144 casos, que adopte las medidas necesarias para lograr la “pérdida de eficacia jurídica” de los documentos no auténticos.

La fiscala aclaró que la causa investiga un total de 525 documentos falsos y que, en una primera etapa, remitió la petición de anulación correspondiente a 144 diplomas.

Cobro de bonificación por título falso

La investigación también contempla distintas situaciones entre las personas que aparecen vinculadas a los documentos apócrifos. Sosa explicó que existen tres grupos: quienes no ejercen la docencia, pero registraron los documentos falsos; funcionarios que tampoco ejercen la docencia; y aquellos que actualmente ejercen y se encuentran en aula.

Respecto a quienes no ejercen la docencia, pero perciben una bonificación en la función pública en virtud de un documento falso, Sosa explicó que el cobro de ese dinero puede constituir una consecuencia adicional dentro del caso.

“El cobro de ese monto que no le corresponde es un plus al tipo penal de hecho punible contra la prueba documental. Es una consecuencia”, afirmó.

Docentes engañados podrían ser exonerados

Sosa también aclaró que no todas las personas que utilizaron los documentos cuestionados necesariamente tendrán responsabilidad penal. Según explicó, podrían ser exoneradas de reproche penal aquellas que utilizaron el título falso sin conocer que el documento era apócrifo.

“La responsabilidad penal podría ser exonerada en el caso de que la persona no tenga el dolo del uso. Es decir, que usó el documento no auténtico, hizo uso de ese título falso, pero no sabía que era falso. Ese es el caso de los docentes engañados”, explicó.

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Conforme señaló, se trata, por ejemplo, de personas que cumplieron regularmente con el proceso académico. Es decir, cursaron los años correspondientes de la carrera, asistieron a clases y realizaron su proyecto final, pero posteriormente recibieron un título emitido por una universidad que no estaba habilitada para expedir esos documentos.