Los representantes de los labriegos y de los pueblos originarios cuestionan en particular tres puntos de la propuesta del Ejecutivo que, según dicen, abren la posibilidad de que el Indert venda inmuebles de su patrimonio a personas que no reúnen los requisitos para ser sujetos de la reforma agraria y otorgan al presidente del ente facultades directas para decidir la venta de tierras de manera individual.
Igualmente, denuncian que la propuesta del Ejecutivo facilitaría que personas no elegibles para la reforma agraria acumulen y regularicen la ocupación de tierras del Estado.
La Unidad Indígena, Campesina y Popular emitió hoy un comunicado calificando la propuesta del Ejecutivo como una “estafa política” arropada en la “falsa propaganda de la titulación masiva y la nueva ruralidad” que tiene como verdadero objetivo “desfinanciar y liquidar al Indert como ente de reforma agraria”.
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Argumenta que el proyecto busca “convertir al campesino y a la campesina, sujetos de derecho colectivo con arraigo, cultura y comunidad, en simples propietarios individuales de un lote mercantilizable” y, así, “borrar del Estatuto Agrario la concepción de la tierra como territorio de vida, de cultura, de soberanía alimentaria, para reducirla a un título de propiedad que mañana pueda ser embargado y vendido al agronegocio”.
“Un atentado contra los derechos constitucionales del campesinado”
En conversación con ABC Color, el abogado Eduardo Aguayo, miembro de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que acompaña la protesta de los campesinos e indígenas, subrayó que el proyecto “pretende, de manera encubierta, convertir a los sujetos de la reforma agraria en sujetos de crédito” con el fin de que “las hipotecas o eventuales embargos producto de los créditos signifiquen la venta forzada de esos inmuebles cuando (los propietarios) no tengan condiciones para pagar”.
Tomás Zayas, de la Unidad Indígena, Campesina y Popular, calificó el proyecto como “un atentado contra los derechos constitucionales del campesinado y de los pueblos indígenas” y opinó que aprobarlo significaría dar inicio a “un proceso de enajenamiento y pérdida de cientos y miles de propiedades en poder de campesinos”.
Agregó que el Estatuto Agrario fue aprobado y promulgado hace 24 años, pero hasta ahora no ha sido reglamentado, y enfatizó que ese debería ser el siguiente paso a tomar.
Zayas dijo que los productores campesinos e indígenas estarán pendientes de lo que se decida en el Senado y dijo confiar en que existen “parlamentarios que al menos tienen el sentido de pertenencia a una nación y tienen en cuenta nuestros derechos”, y que estos “van a actuar con cautela y objetividad rechazando este proyecto”.
En caso de que el proyecto sea aprobado en la Cámara Alta, se analizará realizar movilizaciones para exigir a la Cámara de Diputados que rechace el proyecto, agregó.