La comunidad educativa del Colegio Juan Eudoro Cáceres atraviesa un fuerte conflicto institucional luego de que Aída Alegre, presidenta electa de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE), denunciara públicamente contra el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por una situación de irregularidad y usurpación de funciones por parte de la comisión directiva saliente.
La representante electa afirmó que la comisión saliente se niega a abandonar el cargo a pesar de que el mandato feneció. Según Alegre, los actuales integrantes se amparan en una resolución del MEC para perpetuarse en el puesto, una medida que calificó como “totalmente inaceptable e ilegal”.
Recordó que la normativa vigente establece que los miembros de la comisión no pueden ser reelectos por un periodo superior a los dos años consecutivos, mientras que la comisión saliente permanece en el cargo desde hace tres años, contraviniendo el estatuto escolar.
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Acusó a la cartera de Estado de avalar irregularidades al permitir que una comisión directiva permanezca en el poder de manera “ilegal y usurpadora”.
Otro de los ejes centrales del reclamo es el manejo opaco de los recursos económicos.
De acuerdo con el testimonio de la presidenta electa, la comisión saliente impide el acceso a la institución y se niega sistemáticamente a presentar balances, rendiciones de cuentas o a informar sobre el destino de los fondos recaudados año tras año. “Todos los años es más y más plata y vos pedís rendición de cuentas, pero ellos no te responden”, afirmó.
A esta situación se suman graves advertencias sobre represalias y hostigamiento contra los padres que cuestionan la administración, utilizando para ello denuncias ante la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni).
Asimismo, denunció que durante los comicios del sábado pasado se registraron maniobras para obstaculizar la participación e inducir a votos en blanco, evidenciando un trasfondo político en el que, según Alegre, “el MEC también se está prestando”.
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Exigencia de normalización
Ante este escenario, los padres exigen que se respete la voluntad expresada en las urnas y que la nueva comisión asuma sus funciones para gestionar la institución con absoluta transparencia.
La exigencia es clara: si los actuales responsables no pueden garantizar una administración transparente, deben ceder el lugar a las autoridades electas.