La Fiscalía cuenta con 4 meses más para concluir las diligencias investigativas en el marco de la causa N° 134, abierta contra la exjueza de Paz de La Catedral Segundo Turno Natalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino y otros imputados más, en el marco del caso conocido como la mafia de los pagarés.
El plazo, ordinario en este caso, fue otorgado por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, a pedido de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, quienes, de esta forma, deberán presentar su requerimiento conclusivo el próximo 19 de noviembre.
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Cabe señalar que esta es una segunda causa iniciada contra la exjueza de Paz Nathalia Garcete, por una porción de hechos que no fueron incluidos en la investigación principal, la cual ya se encuentra para ser discutida en juicio oral y público ante un Tribunal de Sentencia.
El juez Otazú resolvió otorgar el plazo, luego de que el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, integrado por Gustavo Amarilla, Camilo Torres y Silvana Luraghi, rechazara las reposiciones planteadas por Garcete contra la convocatoria de Otazú para resolver el pedido de prórroga y contra la convocatoria con relación a la admisión de la imputación.
Supuestas falsedades en cadena posibilitaron que Garcete dicte 151 resoluciones
De acuerdo con los elementos reunidos por los fiscales investigadores, la jueza Nathalia Garcete habría tenido la colaboración activa de los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sung Young Bang, así como de la ujier Mariam Ortiz y los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda, quienes habrían practicado actos procesales y diligencias con apariencia de legalidad para avanzar el proceso judicial.
En tal sentido, la jueza Nathalia Garcete dictó al menos 151 resoluciones violando la ley, con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no fueron diligenciadas realmente por la ujier, quien se limitaba a informar falsamente, siempre según la Fiscalía.
Hechos atribuidos a otros procesados en el caso mafia de los pagarés
Es así que los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sun Young Bang se valieron a su vez de las cédulas de notificación con el informe del ujier sobre que las notificaciones fueron hechas, para solicitar al juzgado hacer efectivo el apercibimiento de tener por reconocidas las firmas en los pagarés.
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Por su parte, la ujier Mariam Ortiz habría consignado falsamente en sus informes que las notificaciones fueron practicadas, lo que realmente no aconteció. Es así que los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda elaboraron informes para dar ropaje legal de una tramitación procesal ajustada a la ley, que tendrían certificación falsa sobre la notificación de la ujier.
De esta forma los actuarios judiciales, con sus intervenciones en los procesos y el fin de dar la apariencia de legalidad, habrían colaborado para que la jueza Nathalia Garcete dicte las 151 resoluciones violatorias de la ley, bajo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas, siempre según la Fiscalía.