La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) confirmó la inhabilitación de 15 municipios para la emisión de licencias de conducir tras constatar severas irregularidades en sus procesos de evaluación.
Según las auditorías internas realizadas por la institución, varias comunas entregaban las licencias bajo una modalidad “exprés”, donde los solicitantes únicamente pagaban la tasa correspondiente sin rendir exámenes prácticos ni cumplir con las exigencias mínimas estipuladas por la normativa vigente.
“Hay municipalidades que están inhabilitadas ahora porque dan licencias sin reunir los requisitos necesarios”, advirtió el titular de la entidad reguladora.
La medida busca poner freno a la expedición irresponsable de registros de conducir en distritos que no aplican los controles obligatorios, como las pruebas de manejo o las capacitaciones en primeros auxilios.
ANTSV: serán habilitados cuando subsanen error
Las comunas sancionadas afrontan periodos de inhabilitación que van de 10 a 30 días en sus centros de impresión, plazo en el cual deberán subsanar las falencias operativas detectadas para volver a operar.
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Al respecto, el director de la ANTSV, Félix Jiménez, enfatizó que no se permitirá la circulación de conductores sin la preparación adecuada.
“Si eso no cumplen las municipalidades, es inhabilitado su centro de impresión hasta que pueda corregir ese error y que podamos habilitarle de vuelta”, sentenció Jiménez.
Emergencia vial, pendiente de reglamentación
Por otro lado, la aplicación de tecnología para el control en carreteras sigue pendiente debido a retrasos administrativos en el Poder Ejecutivo. A cuatro meses de la promulgación de la Ley de Emergencia Vial, dictada en junio pasado, la normativa aún no ha sido reglamentada mediante el decreto correspondiente.
Esta situación mantiene en pausa la implementación de herramientas clave como el sistema de fotomultas e instalación de radares de velocidad en las rutas nacionales y departamentales.
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Este vacío reglamentario deja en el aire aspectos operativos fundamentales, tales como el presupuesto requerido para la compra de insumos, los montos específicos de las sanciones por exceso de velocidad y la logística de cobro.
Una vez que el decreto sea oficializado, la ANTSV asumirá la potestad exclusiva de colocar los dispositivos tecnológicos de fiscalización, procesar las infracciones y gestionar la recaudación para reducir la siniestralidad vial en el país.