La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros César Diesel y Víctor Ríos, y el camarista en lo Civil Hugo Garcete, dio trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada, en agosto de 2025, por el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón y su esposa María Selva Morínigo.
La acción promovida por el matrimonio es contra el Acuerdo y Sentencia N° 74 del 1 de agosto de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital que, en mayoría, anuló la absolución de Javier Díaz Verón y su esposa, y ordenó un nuevo juicio oral para los acusados de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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Al resolver dar trámite a la garantía constitucional planteada, con el voto en mayoría del ministro Cesar Diesel y el camarista Hugo Garcete, la máxima instancia judicial solicitó al Tribunal de Apelación en lo Penal, Segunda Sala, de la Capital, que remita a la Sala Constitucional el expediente principal de la presente causa penal. El ministro Víctor Ríos votó, en minoría, por traer a la vista solo las copias de los autos principales.
Esta decisión del máximo tribunal, de traer a la vista el expediente principal de la causa, impide la fijación de una nueva fecha para la realización del nuevo juicio oral a Díaz Verón y su esposa, que está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por los jueces Adriana Planás (presidenta), Matías Garcete y Sonia Sánchez.
Fallo que anuló absolución es “arbitrario”, según Díaz Verón
En la acción promovida a finales de agosto de 2025, es decir hace más de un año, Javier Díaz Verón y su esposa argumenta que el fallo del Tribunal de Apelaciones es arbitrario al revalorizar pruebas producidas en el juicio oral, con el fin de descalificar la sentencia que dictó la absolución de culpa y pena, en abierta violación de los principios de concentración y contradicción.
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En el Auto Interlocutorio N° 2428 de fecha 13 de octubre de 2026, por la cual la Sala Constitucional dio trámite a la acción, los miembros del máximo tribunal señalan que los accionantes fundamentaron además que la decisión del tribunal de alzada se basa en una fundamentación “insuficiente y aparente” que no justifica la toma de decisión respectiva, quebrantando por lo tanto elementales principios y garantías de rango constitucional, convencional y legal.
Díaz Verón y su esposa alegan también que la arbitrariedad del fallo impugnado, radica en que el Tribunal de Apelación, en mayoría, anuló la absolución de culpa y pena de los acusados, sobrepasando la normativa del Art. 403 inciso 4° del Código Procesal Penal, sin haber verificado y mucho menos justificado si las pruebas no valoradas por el Tribunal de Sentencia son de valor decisivo, lo que constituye una arbitrariedad, de acuerdo con el escrito de acción.
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La última vez que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Adriana Planás (presidenta), Matías Garcete y Sonia Sánchez intentó iniciar el segundo juicio oral fue el pasado 29 de junio, cuando las defensas plantearon recursos de reposición con apelación subsidiaria, y lograron suspender el debate oral.
Pareja no puede justificar egresos por G. 10.000 millones
Según la acusación, entre los años 2008 y 2017 el ex fiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón registró ingresos por la suma de G. 10.702.190.671 y en el mismo lapso de tiempo sus egresos alcanzaron el monto de G. 21.143.317.105, por lo que según la investigación fiscal, los egresos de Díaz Verón y su esposa fueron ampliamente superiores a los ingresos legales. Específicamente, el déficit es por el monto de G. 10.495.174.320.
En el caso de María Selva Morínigo, la Fiscalía afirma que la esposa del ex titular del Ministerio Público fue quien introdujo al sistema financiero legal el dinero obtenido ilícitamente en la función pública por Francisco Javier Díaz Verón, quien ocupó el cargo de fiscal general del Estado desde el año 2011 hasta el 2018.
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De acuerdo con la hipótesis acusatoria la esposa del ex fiscal general realizó inversiones e integró capital en la firma “Lagunita S.A.” y “Canto Rodado”. En el caso de esta última los únicos socios eran la acusada y sus hijos Alejandro y Yeruti Díaz Morínigo, según alegó el Ministerio Público.
La causa está a cargo de las fiscalas Nathalia Silva y Claudia Aguilera, quienes en el primer juicio pidieron la pena de 8 años de cárcel y otros 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos en el caso de Díaz Verón; y 5 años de prisión para su cónyuge.
Cámara anuló absolución del matrimonio
El 1 de agosto de 2025, con el voto en mayoría de los camaristas José Agustín Fernández (preopinante) y Bibiana Benítez Faría, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, anuló la Sentencia Definitiva N° 599 del 21 de diciembre de 2023, dictada por los jueces Víctor Alfieri (presidente), Alba González (actualmente jubilada) y Darío Báez, que había absuelto de culpa y pena a los acusados.
Para anular el fallo de primera instancia los camaristas José Agustín Fernández y Bibiana Benítez concluyeron que el Tribunal de Sentencia “omitió referirse a las pruebas relevantes del proceso, desoyendo que la norma manda a resolver la causa mediante la valoración conjunta y armónica de todas las pruebas producidas”.
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Además, los camaristas señalaron que se detectaron “razonamientos absurdos y arbitrarios” que provocaron una falta de fundamentación del Colegiado de Sentencia.
Asimismo resaltaron la existencia de importantes pruebas que el tribunal de primera instancia no analizó, vulnerando así el deber de valoración que tiene como un órgano jurisdiccional; y puntualizó que varias de esas evidencias tenían como fin probar las inconsistencias de los egresos con los ingresos legales de los acusados.
El entonces camarista Delio Vera Navarro (actualmente jubilado) votó, en minoría, por confirmar la absolución del exfiscal general Javier Díaz Verón y su esposa, señalando que el Tribunal de Sentencia argumentó suficientemente el motivo o circunstancia por el cual descartaba ciertos elementos probatorios impertinentes para el descubrimiento de la verdad, por no referirse a los hechos controvertidos o que no forman siquiera parte de la teoría del caso analizado.